La propuesta de una amnistía fiscal para los contribuyentes físicos y jurídicos llegó en el último momento a la propuesta de reforma fiscal, pero ha levantado el interés de todos los agentes económicos. Estimaciones muy preliminares ubican en más de RD$4,200 millones el monto que las autoridades esperan recaudar al poner las cuentas en cero de aquellos que tienen cuentas pendientes con el fisco, pero además se lograría captar a nuevos contribuyentes.
Estudios realizados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) establecen que por la amnistía de 2007 y 2008 se lograron recaudar RD$3,529 millones, la cual se hizo sobre la base de la tasa efectiva de tributación de cada sector. Los contribuyentes asumían el pago de lo que la autoridad recaudadora mostraba y esta, a su vez, renunciaba a fiscalizar los últimos tres años. De aplicarse, ahora sería para los años 2009, 2010 y 2011.
La más reciente experiencia de un “perdón fiscal” fue en 2007. En aquella oportunidad fue un pedido de todos los sectores representativos de la sociedad, a lo que el Gobierno accedió. La Ley de Amnistía Fiscal 183-07 creó los mecanismos para que los contribuyentes hagan transparentes sus operaciones.
Según la norma de aplicación emitida por la DGII para aquella oportunidad, en caso de que un contribuyente tuviera una deuda en cualquier instancia, originada por la declaración y no pago de un impuesto o por la realización de un ajuste, rectificativa o estimación de oficio realizada por la autoridad recaudatoria, a una o varias declaraciones del Impuesto Sobre la Renta, incluyendo retenciones o del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), correspondientes al ejercicio fiscal 2006, podrán pagar el monto de los impuestos declarados o determinados, sin la aplicación de los recargos, intereses y multas aplicados sobre dicha deuda.
Además, todas las deudas que tengan los contribuyentes por cualquier concepto originadas en períodos fiscales anteriores al cierre de su ejercicio fiscal del año, sin importar en la instancia en que se encontraren, pudieron ser saldadas pagando el impuesto correspondiente sin la aplicación de los recargos, intereses y multas.
Sobre el tratamiento de las adiciones de activos correspondientes al ejercicio fiscal del año para personas jurídicas con operaciones, establece que cuando declaren Impuesto Sobre la Renta con operaciones se acojan a las disposiciones establecidas por la Ley de Amnistía Fiscal, para el ISR y el ITBIS, podrán adicionar activos (inventarios, bienes muebles e inmuebles) en sus Estados presentados, pagando el 1% del Impuesto Sobre los Activos sobre el monto de dichas adiciones, depositando los documentos correspondientes que justifiquen tales adiciones y la rectificativa de los anexos a la declaración del Impuesto Sobre la Renta. Estableció que estas adiciones no tendrían efectos a los fines del cálculo del Impuesto Sobre la Renta del año fiscal 2006.
Decesión
A principios del mes pasado el director de la DGII, Guarocuya Félix, reveló que descartaba la posibilidad de una amnistía fiscal en la República Dominicana, pero que el mismo tiempo se reforzarían los controles de evasión con dos medidas concretas: ampliación de la instalación de las impresoras fiscales, porque salen automáticamente los números de comprobantes fiscales (NCF), y la implementación de la factura electrónica, que tiene un sistema similar de monitoreo que las impresoras.
La autoridad recaudadora estima un universo de 10,000 impresoras fiscales, de las cuales hay instaladas 2,180 en todo el país. En la DGII existen mecanismos punitivos para aquellos que evaden los impuestos a pesar de las impresoras y las facturas electrónicas y estar debidamente fiscalizados.
La directora general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (ProIndustria) consideró también pertinente que se conceda una amnistía fiscal a las personas físicas y a las empresas que han mantenido sus patrimonios ocultos del control del fisco a los fines de generar un volumen importante de recursos y allanar el camino para que éstos regularicen su situación.
Alexandra Izquierdo considera que por esta vía el Gobierno podría recaudar un monto importante de recursos que podrían ser usados para enfrentar el déficit que enfrenta la presente administración.
Señala que la amnistía fiscal pondría la base de pagar un 2.5% del patrimonio total del contribuyente tomando como base su último cierre fiscal, lo que reportaría al Gobierno más de $RD1,500 millones adicionales a lo previsto en la reforma en discusión.
“Aunque en el pasado la amnistía se cobró sobre los ingresos, en esta ocasión nuestra propuesta es para que más contribuyentes se acojan a la misma y que sus patrimonios se transparenten para que sus estados financieros sean más reales para fines de crédito bancario”, dijo.
