La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta para dar más poderes a la Autoridad Bancaria Europea, uno de los tres supervisores financieros de la Unión Europea (UE), para vigilar el lavado de dinero en los Veintiocho tras varios escándalos en bancos del continente.
La iniciativa fue anunciada por el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante la Eurocámara.
Busca paliar las lagunas en la aplicación de las normas europeas contra el lavado de dinero, que está en manos de los supervisores nacionales y falla a la hora de hacer controles suficientes, cooperar entre países y por la falta de acuerdos comunes con terceros Estados, según la Comisión.
Bruselas propone reforzar el poder de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés), que se encarga de asegurar la coherencia entre las regulaciones bancarias nacionales, para que pueda pedir a los supervisores nacionales investigar posibles infracciones y exigirles que estudien medidas selectivas, tales como sanciones.
Además, como último recurso, si las autoridades nacionales no actúan, la EBA podría dictar decisiones directamente contra operadores del sector financiero.
La agencia se convertiría en un “centro de datos” de la lucha contra el blanqueo en la UE, que recoja información sobre tendencias y potencie el intercambio entre países.
Asimismo, se encargaría de hacer revisiones periódicas a los supervisores nacionales, evaluaciones de riesgo y facilitar la cooperación con terceros países en casos transfronterizos.
“La Autoridad Bancaria Europea será el número de teléfono de Europa para cualquier asunto relativo a la lucha contra el lavado de dinero en el sector financiero”, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis.
“La UE debe sostenerse por sí misma en lugar de depender de los supervisores de terceros países a la hora de detectar y luchar contra el blanqueo de capitales”, añadió.
La iniciativa llega después de que los fallos en la vigilancia comunitaria quedaran en evidencia en febrero de este año cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al banco letón ABLV de lavado de dinero, una infracción que había pasado inadvertida para las autoridades nacionales y europeas.
Además ING en Holanda aceptó la semana pasada pagar una multa de 775 millones de euros en el país por haber permitido durante años que sus cuentas se usasen para el blanqueo de cientos de millones de euros, escándalo que se saldó con la dimisión ayer mismo de su director financiero.
Y la filial estonia del banco danés Danske Bank está siendo investigada por las autoridades de Copenhague y Tallin por haber permitido el blanqueo de miles de millones de dólares de dinero ruso entre 2007 y 2015.
La propuesta anunciada hoy se incluirá en la revisión de la regulación de las agencias supervisoras europeas y tiene que ser aprobada por los países y la Eurocámara para entrar en vigor.
