La administración pública debe ser reformada, mejor dicho: refundada. El Estado ha parido una serie de instituciones, algunas que no son más que meros desprendimientos de otras, que no han hecho más que complicar la vida institucional. Han llegado sólo a burocratizar procesos y a encarecer la operatividad del país.
Ahora bien, quizá estoy pidiendo mucho o un imposible en un país donde el Estado está obligado a ser el mayor generador de empleos “formales”. Sólo hay que pensar en que cada político que llega a una posición, desde el Presidente hasta el regidor de un distrito municipal, debe complacer peticiones y compromisos partidarios.
Lo que sí sé es que República Dominicana debería mirarse en el espejo de Argentina, una de las economías más fuertes de América, pero que hoy atraviesa por una grave crisis fiscal y de endeudamiento. Mauricio Macri, su Presidente, cerró más de una decena de Ministerios con miras a reducir gastos, aunque todo indica que ha sido demasiado tarde.
En vez de tener ministerios de la Juventud y la Mujer o un Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), el Despacho de la Primera Dama, así como entidades públicas dispersas tratando los temas de planificación familiar, consejos sobre consumo de sustancias prohibidas y otras tantas que es mejor no mencionarlas, un Estado organizado acorde a sus posibilidades debería tener el Ministerio de la Familia y Bienestar Social para concentrar y coordinar mejor los recursos de los subsidios, donde también se incluyan todos los programas sociales.
Habría que preguntarse por qué existe más de una docena de instituciones en el sector agropecuario haciendo lo mismo o que su existencia ya no se sustenta en resultados productivos, sino en que son “cajas de empleos públicos”. Lo mismo sucede en el sector eléctrico. ¿Por qué existen tres empresas distribuidoras del Estado, es decir, de un mismo dueño, dando el mismo servicio en un territorio pequeño como República Dominicana? Sencillo: porque todas sirven como plataformas para cumplir compromisos político-partidarios. Hay que decirlo sin tapujo: así no llegaremos a tener el país que nos merecemos.
Otro ejemplo de lo anacrónico que es el Estado, si seguimos revisando, es que aún “funcionan” Corde, CEA, Inespre, IAD y, además, tenemos consejos de desarrollo barrial, provincial y fronterizo como si fueran actividades diferentes. El Plan Social de la Presidencia, si fuéramos sinceros con nosotros mismos, debería ser parte del Ministerio de la Familia y Bienestar Social.
