La explosión en las instalaciones de la fábrica de plásticos Polyplas, nos recrea las disposiciones del Código Civil dominicano, en sus artículos 1382 al 1386, que establecen que somos responsables de corregir todo el daño que hacemos a terceros en su persona o bienes, incluyendo bienes públicos. Asímismo, todos los hechos de las cosas que nos beneficiamos o tenemos bajo nuestro control. Como no siempre tenemos los medios suficientes para cubrir los costos de lo que nuestras acciones pueden producir, existe la posibilidad de que las empresas puedan comprar la protección a las aseguradoras.
Es aquí donde necesitamos diseñar con expertos los programas de seguros que nos protejan de perderlo todo y quedarnos en quiebra ante un suceso indeterminado, repentino e incontrolable, lo que se complica en la medida en que las riquezas y operaciones crecen en nuestro entorno, haciéndose más compleja la administración de riesgos, donde hay que estudiar nuestros riesgos: cuáles asumir, cuáles reducir o eliminar y cuáles transferir por el pago de una prima.
Los objetos materiales, como un edificio y maquinarias, la materia prima, los mobiliarios y vehículos…, usted puede determinar en cada momento el costo de los mismos y cubrir los riesgos que le pueden afectar hasta el límite de su valor de reposición. Se dan otras situaciones con maquinarias obsoletas, pero ahora no viene al caso.
La determinación de cuanto daños nuestras operaciones pueden producirle a otras empresas o personas o bienes públicos, es muy compleja e indeterminada, y va a depender de muchas razones, como son los riesgos inherentes de nuestras operaciones, como el tamaño y el entorno. No es lo mismo si la fábrica u operaciones están fuera de la ciudad, sin vecindad, que si se halla en medio de una urbe y el costo de los bienes y cantidad de personas que tenemos en las proximidades, porque como establece el Código Civil, tendremos la responsabilidad de pagar los daños que producimos.
Nuestra sociedad ha venido teniendo un gran crecimiento en los últimos años, pero nos hemos descuidado o nunca hemos tenido disciplina y la responsabilidad del Estado para hacer cumplir las leyes, quien es sumamente débil y, tal vez, irresponsable en algunos aspectos. El Estado debe proteger a los ciudadanos y, por ello, impone reglas de protocolo en el uso y procesos de acciones y operaciones peligrosas. Pero también debe velar porque los autobuses de transporte público y otros vehículos tengan coberturas para protegerlos e indemnizarlos en los frecuentes accidentes que producen.
Son muchas las familias que diariamente sufren daños en sus propiedades o lesiones a sus miembros y no reciben indemnizaciones porque los responsables son insolventes irresponsables que no cuentan con las coberturas, en muchos casos obligatorias, como la de vehículos de motor. Pero no tienen dónde acudir con certeza para recibir atenciones, teniendo el gobierno que acudir en auxilio, pudiendo aplicar convenientemente la ley.
Es tiempo de que el Estado, los gobiernos, pongan atención a situaciones que producen muchos males sociales y costo para el erario, como son las motocicletas sin placa ni seguros. Vehículos enormes sin control como patanas y camiones conducidos por patanes borrachos y drogados. Y en definitiva, ayudar a que las familias que han sido afectadas por terceros en sus miembros y bienes, a recibir las atenciones adeudadas por los responsables de los hechos, como establece el Código Civil en sus artículos 1382 al 1386.
