La inseguridad ciudadana, reflejada en los robos a mano armada, ha empujado a los empresarios y zonas residenciales a recurrir a la seguridad privada. Sin embargo, los costos para disfrutar de un servicio formal pueden abultar el presupuesto, empujando a los usuarios a recurrir a vigilantes informales.
De acuerdo con un estudio de Deloitte, “una de las principales razones por la cual los usuarios de seguridad privada utilizan vigilantes informales es porque los formales le resultan muy costosos”.
Para 2017, el 63% de los usuarios utilizaban vigilantes informales. Además, “un 48% de los usuarios de informales, que anteriormente utilizaban formales, cambiaron a informales por el costo de los mismos”, resalta el documento.
Los salarios son determinantes al momento de elegir entre un vigilante formal o uno informal, que suele ganar menos de RD$10,000. Los datos indican que el 50% de los formales cuestan más de RD$20,000.
El informe establece que el 81% de las empresas consultadas por Deloitte dedican un gasto mensual a los servicios de seguridad privada. Destaca que “el 83% de las empresas opinan que tener seguridad privada es más efectivo para su seguridad”, por tal razón, invierten en este método.
“La mayoría de los usuarios utilizan vigilantes informales, sin embargo, el vigilante informal generalmente no recibe entrenamiento, no es depurado y no posee armas”, señala el texto.
El 57% de los vigilantes informales no ha recibido entrenamiento; alrededor del 70% no se le realiza pruebas de depuración psicológica, doping (drogas) o evaluación médica y un 30% son de nacionalidad haitiana, mientras que de los formales sólo un 1% son haitianos. Un 82% de los informales no poseen armas, mientras que un 71% de los formales sí tienen armas de fuego.
Regulaciones
La presidenta de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Lucile Houellemont, afirmó que, para aportar de manera más efectiva a la seguridad ciudadana, las compañías de ese sector necesitan un reglamento específico para el control de las armas de fuego, “teniendo en cuenta que en este tipo de empresas las armas son herramientas de trabajo y no es factible controlar su uso de la misma manera que se hace con personas particulares”.
Houellemont solicitó al Gobierno normalizar la compra y venta de armas de fuego. Se debe tomar en “cuenta que la importación de armas ha estado detenida desde el decreto 309-06, lo cual ha impedido renovar y contar con armamento más moderno y seguro al sector”.
La presidenta de Dominican Watchman requirió la autorización al uso de armas de letalidad reducida.
Sobre la informalidad, Houellemont dijo que “existe en la prestación de servicios de seguridad por encima del promedio nacional, pues, a falta de regulación, las personas contratan serenos de manera informal para los servicios de seguridad”.
El Senado aprobó en 2018 el proyecto de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual “limita el uso de las armas al tiempo en servicio, castiga el uso de armas irregulares, dispone de edades adecuadas para desempeñar el trabajo, exige haber cursado mínimo octavo grado, estar debidamente entrenados y no ser extranjeros ilegales”.
“Dada la estructura de costos actual del sector, cualquier medida que aumente mínimamente los costos, se traducirá en un mayor nivel de informalidad en la seguridad privada”.
