Cada vez que nos toca analizar el impacto de las políticas públicas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) dominicanas se resaltan hechos recurrentes: falta de recursos y poca continuidad en la implementación de las medidas y acciones que se toman. Otra acción también bastante frecuente es entender que una declaración de intenciones forma parte de una política pública, y que el solo firmar un acuerdo o convenio implica que se tendrán impactos en determinada población meta.
Ignoran las entidades públicas que están destinadas a apoyar a las Mipymes, que su trabajo debe ser de día a día, tal como lo es el de los propietarios de este tipo de unidades productivas, y no una tarea temporal a la que se atiende cuando aparece una demanda específica. Por ejemplo, los problemas vinculados a la producción de las Mipymes del sector industrial deberían ser atendidos por instituciones como Proindustria, sin embargo, esta brilla por su ausencia en su papel de ser un centro de desarrollo para la mejora de la competitividad industrial.
En el caso de las necesidades de financiamiento de las Mipymes, se denota que estas continúan recurriendo a los usureros para obtener fondos que necesitan para inversión pues, a pesar de la cháchara, los fondos del Estado disponibles para préstamos son insuficientes para toda la demanda existente.
or demás, acceder a un crédito en el sistema financiero implica que la empresa debe estar formalizada, cosa a la que le huyen muchas microempresas y pequeñas empresas, dada la presión a que se verían sometidas por parte de la autoridad impositiva. En esa misma vía, la permanencia de un sistema tributario oneroso conduce a que las empresas de menor tamaño relativo vean los impuestos como una Espada de Damocles que pende sobre sus débiles finanzas.
Así también, la falta de formación y capacitación de los propios propietarios de las Mipymes, así como de los trabajadores y empleados de este tipo de empresas, sigue siendo una limitante para la mejora de la productividad y competitividad de este sector, con una escasa respuesta por parte de las instituciones públicas que están llamadas a atender estas limitaciones.
Y se pudiera continuar enumerando otros obstáculos que imposibilitan el avance de las Mipymes dominicanas y que no son atendidos de manera adecuada por un Estado que, como en casi todo, aplica una cultura del olvido, atomizada, sin continuidad ni sistematización.
Se olvida este Estado que las Mipymes dominicanas siguen siendo mayoría en el tejido empresarial y que, de cara a las elecciones del 2020, podrían decidir, si se lo proponen, quienes serían los nuevos inquilinos del Palacio Nacional.
