Con la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales, del 17 de mayo para el 5 de julio, la Junta Central Electoral (JCE) ha tomado una decisión prudente y correcta ante la pandemia que afecta nuestro país. Sin embargo, algunos especulan –a nuestro parecer, a destiempo– sobre la posibilidad de que no se puedan celebrar las elecciones en la nueva fecha pautada.
A pesar de que todavía nos falta un tiempo para que llegue esta fecha, nos podemos abocar a plantear algunas consideraciones al respecto.
En primer término, la JCE debe adoptar estrictas medidas para asegurar la higiene y seguridad de los integrantes de los colegios electorales y los votantes durante el día de las elecciones. Por ejemplo, se debe hacer obligatorio el uso de una mascarilla al exterior y dentro del colegio electoral. Otro aspecto a considerar es la separación por género de la hora de votación, tal como se hacía en la época de los “colegios cerrados”, para así disminuir la aglomeración de personas.
A pesar de que nos sentimos optimistas de que se podrán dar las condiciones para celebrar las elecciones y elegir las nuevas autoridades que tomarán posesión a partir del 16 de agosto, es menester considerar el Artículo 274 de la Constitución. El mismo reza, en parte, que el período del Presidente, Vicepresidente y los congresistas terminará “uniformemente el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional”.
Un argumento en contra es el de “legitimidad democrática” –ante la falta de una disposición constitucional expresa, las autoridades elegidas en una votación deben permanecer en sus respectivos cargos hasta que se celebre una nueva elección.
Además de que esta posición teórica entra en franca contradicción con el artículo 274 de la Constitución, también plantea mucha incertidumbre, pues pareciera dejar en manos de las autoridades que se perpetúan en sus cargos el momento en que deben abandonar el mismo.
¿Qué ocurre si esas mismas autoridades previenen que se celebren nuevas elecciones, queden en esas posiciones de manera perpetua? La dificultad radica en una situación en la cual no hay nuevas autoridades electas para el 16 de agosto, una situación en la cual la Constitución no nos da una respuesta muy clara.
Los esfuerzos de los actores de la sociedad –políticos, gremiales, empresariales, entre otros– deben estar dirigidos en el sentido de ayudar a la JCE para que se creen las condiciones para celebrar las elecciones de manera libre y exitosa en julio.
No es momento para plantear teorías de perpetuación de los cargos electivos sin fecha de término, contrario a las disposiciones constitucionales, sino que debemos trabajar para asegurar que el escenario de que no se celebren las elecciones nunca se haga realidad.
