El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió aumentar la deuda pública mexicana en un rango de 0.5% hasta 5% del PIB para afrontar la crisis de covid-19, una postura a la que se ha opuesto el presidente, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
En la presentación de 10 acuerdos y 68 ideas recabadas tras 11 mesas de trabajo, el presidente del CCE, Carlos Salazar, reconoció que una coincidencia es que las acciones implican una mayor deuda pública y reasignar el presupuesto federal.
“Esperamos que existan, y lo que más deseamos, los recursos por parte del sector público, cualquiera que sea la decisión de política pública que ellos tomen, para poder apoyar tantas necesidades”, opinó Salazar, líder de la principal cúpula del sector privado.
México afronta esta semana la máxima fase de contagios por covid-19, que acumula 26,025 casos confirmados y 2,507 defunciones.
A la par, la economía mexicana cayó 1.6% en el primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografíca (Inegi), con pronósticos de una contracción anual mayor al 6% de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El BBVA recomendó la semana pasada un paquete fiscal que represente 6% del PIB al argumentar que, sin medidas, la deuda de cualquier forma llegaría este año a una proporción de 54.2% del PIB, casi 10 puntos porcentuales más que el 44.7% actual.
Pero en su conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador insistió en la austeridad de su Gobierno como principal respuesta a la crisis.
“Para no endeudarnos porque, es sencillo de explicar, si nos endeudamos tenemos que pagar más de intereses de la deuda y cada vez más y más, y se reduce el monto del presupuesto que se le destina al pueblo”, argumentó.
Este es otro de los desacuerdos que ha tenido el presidente con el sector privado en la forma de abordar la crisis del coronavirus.
Las cámaras agrupadas en el CCE realizaron mesas virtuales de trabajo la semana pasada en la que participaron 263 panelistas y más de 135,000 asistentes.
Las propuestas, que se entregarán al Gobierno federal y al Congreso, se resumen en acciones inmediatas para solventar la crisis, acciones para reabrir la economía, y acciones de mediano y largo plazo el crecimiento incluyente.
“Ojalá que nuestro Gobierno sea sensible a que estemos en una sola mesa sindicatos, empresarios y sociedad civil porque si no, de esta crisis que es la peor de nuestra generación, no vamos a salir bien librados”, opinó Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Piden reactivación
Al considerar prioritaria la homologación de cadenas de producción con Estados Unidos y Canadá, los industriales informaron que están en diálogo con la Secretaría mexicana de Economía (SE) y la del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la apertura del sector.
Una de las principales acciones para la reactivación es aprovechar el nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor el 1 de julio.
Aun así, los empresarios descartaron una fecha exacta al reconocer que la prioridad es la salud.
“Ya no estamos hablando solo de esenciales, ya realmente vamos pensando en una reapertura de manera regional”, declaró Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
