Como evento poco probable, el covid-19 ha pasado a ser lo que es típico en estos tipos de fenómenos, un impacto negativo severo sobre los sistemas sanitarios de aquellos países que padecen de la epidemia, dejando al desnudo lo débil que son la mayoría de los sistemas de salud público, por no disponer de suficientes recursos financieros, infraestructura, logística, personal médico y para médico, que permita cumplir con el parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y afrontar en forma adecuada las enfermedades de rápido y letal contagio.
Al constituirse la epidemia por covid-19 en un problema de calamidad pública, era de esperarse una respuesta por parte de las autoridades para tratar de contener su propagación, propiciando una cuarentena que produjera distanciamiento social y una hibernación en la economía. El coma inducido al que se llevó a la economía, ha tenido como resultado una contracción de proporciones similares a la profundidad de la epidemia descontrolada.
Sin entrar en ponderar las causales, hoy el balance es negativo sobre la salud y la economía en el país, tanto desde la perspectiva humana como de la perdida de riquezas, al dejarse de producir bienes y servicios. En lo sanitario, nos acercamos a los 70 mil contagiados y a los 1,100 fallecidos, En la economía, una contracción de un -8.8%, un aumento del desempleo que debe superar el 3.0%, una depreciación del peso del orden de un 10.0 % y la caída de la demanda interna cercana al 13.0%.
La reapertura insegura de la economía y el crecimiento de los contagiados, inducen a no ser optimista, en lo referente a la recuperación de la economía y crea fundamentos para estimar que el desempeño adverso podría ser tipificado como un año perdido para República Dominicana, especialmente si no se complementan con nuevas medidas que mitiguen la expansión del Covid y permita relanzar la economía en el menor tiempo posible.
Para afrontar el desafío sanitario y económico de República Dominicana, se requiere de promover una nueva normalidad que rija el manejo monetario y fiscal en una dimensión de política económica que nos acerque a procurar alternativas novedosas, en complemento a las tradicionales o convencionales que se han adoptado recientemente, a fin de avanzar hacia la recuperación económica y a una mitigación de las dificultades sociales.
La contracción económica y la crisis sanitaria que presenta República Dominicana, envuelve a la infraestructura de salud y al aparato productivo, por los lados del inversionista y del trabajador, pero también, toca la vena social del país, a los desempleados en todas sus manifestaciones laborales, por lo que, la nueva normativa económica debe incorporarlos.
La inclusión de los desafíos sanitarios y sociales, requieren de apoyo financiero, mismo que está limitado en la actualidad por el marco legal que rige el presupuesto anual –con la no disponibilidad de espacio fiscal y del techo del déficit y financiamiento y, por no haber aun utilizado la ley monetaria y financiera en una dimensión más amplia que le permita a ese ámbito mostrar una posición más expansiva.
La nueva normalidad para la recuperación de la economía nacional, en ocasión del covid-19, debería, entre otras acciones, incursionar en los siguientes aspectos de la política económica publica, como manera de redimensionarla de conformidad a las circunstancias extraordinarias en la que se encuentra el país:
En el ámbito fiscal, introducir una modificación presupuestaria para que permita que en vez de otorgarle el 4.0 % del PIB -por ser el que más recursos le aporta a educación-, se le consigne el 16.0 % del gasto público total, amparado en el espacio posible que permite el Art. 197 de la ley de educación número 66-97. La educación en la actualidad se encuentra semi paralizada, en cambio, la salud pública se encuentra en emergencia y carece de todo, por lo que, la coyuntura demanda que en forma temporal, el sector educación reciba el 16.0 % y los recursos liberados por esa vía, sean canalizados hacia la salud, el cual alcanzar hasta unos RD$ 60 mil millones.
Del lado del gasto público adicional, el que no se destina al sector salud, debería ser priorizado para la inversión creadora de empleo y que favorezca la producción de bienes asociados a la canasta básica de alimentos, con baja presencia de componentes de insumos importados, para reducir presiones a la demanda de divisas.
En el ámbito de la gestión de la deuda, como manera de agenciar y/o liberar compromisos, el gobierno debería promover la mutualización financiera, como una manera de agenciar recursos internacionales bajo la modalidad de la cooperación o aval de los organismos internacionales multilaterales, para que en un momento como el de la calificación de riesgo que ha aumentado, pueda acceder a nuevos recursos en forma menos onerosa en términos financieros.
De igual manera, procurar en la modalidad de la mutualización una posposición del servicio de la deuda externa con los organismos internacionales multilaterales, seria una forma de recanalizar los recursos liberados a la recuperación económica del país. En el plano interno, también podría posponerse la transferencia de fondos del gobierno central al Banco Central y redirigirlos a los programas sociales condicionados.
Por el lado monetario, la Base Monetaria Restringida (BMR) debería ampliarse en la actualidad a los niveles previsto para finales de año, con el objeto de crear liquidez directa a la población, como manera de elevar la demanda interna y por esa vía motorizar la economía y garantizarle liquidez a las actividades productivas y comerciales.
Bajo la sombrilla de la ampliación de la BMR, el Banco Central debería ir en auxilio del gobierno central en la concesión de préstamos o adquisición de bonos, amparado en las leyes de emergencia nacional y monetaria y financiera y también, al sector productivo privado, mediante operaciones en el mercado secundario de bonos.
En el escenario actual, la nueva normalidad no debe posibilitar la realización de un pacto fiscal para elevar los ingresos corrientes y mejorar el gasto público, dado que las empresas atraviesan por dificultades de liquidez, quiebras, presión para la posposición de las obligaciones tributarias y ausencia de demanda. Por igual, la nueva normalidad no debe darle espacio a la eliminación y fusión de entidades públicas, por la presión que ejercería al aumento de la tasa de desempleo en el país. Ambas propuestas son contraproducentes en la actualidad.
