Las medidas implementadas por el Gobierno dominicano desde marzo pasado para evitar la expansión del coronavirus SARS-CoV-2 obligaron al Poder Judicial a acelerar los procesos de digitalización que pretendía implementar en un plazo de cinco años.
No obstante, la “brecha digital”, la adaptabilidad de distintos actores a las audiencias virtuales y el retraso en las respuestas de ciertas solicitudes, constituyen los principales desafíos, expresaron los jueces Fernando Fernández Cruz, miembro del Consejo del Poder Judicial (PJ); Esmirna Gisselle Méndez, presidenta del Primer Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y Hamlet Montás, director de Relaciones Institucionales del PJ, durante su participación en en un encuentro virtual con la prensa sobre el “servicio judicial”.
En la actividad virtual también participó Juana José Robles, gerente de Atención Presencial en el Centro de Contacto. La moderación estuvo a cargo de Fátima de la Roda, directora de Comunicación Institucional.
Los magistrados destacaron que las audiencias virtuales buscan, mediante el empleo de nuevas tecnologías, asegurar el acceso a la justicia en tiempos excepcionales y que los actores puedan conversar en tiempo real de manera remota como si se tratara de una audiencia presencial.
“Nos encontramos ante unas condiciones sanitarias que hacen idóneo el uso de los canales no presenciales para la celebración de las audiencias”, precisó la magistrada Gisselle Méndez.
Tanto Méndez como Montás indicaron que el Poder Judicial de República Dominicana ha conocido, durante las fases inicial e intermedia del Plan de Continuidad de Labores, un total de 7,999 audiencias virtuales a nivel nacional en medio de la pandemia del covid-19.
“Si tomamos en cuenta también la etapa desde cuando empezó el primer estado de emergencia (segunda semana de marzo) suman más de 12,000 en total”, dijo Montás.
Del 23 de marzo al 28 de julio solo se celebraron 211 audiencias virtuales. Es decir, que alrededor del 98% fueron remotas.
Los tribunales han pautado 5,795 virtuales que serán conocidas en diferentes tribunales; de estas 61% en materia penal, 21% del ámbito civil y comercial y el 13% del nivel laboral.
Desde el 1 de junio al 28 de julio se han efectuado 17,935 solicitudes presenciales para las 15 sedes habilitadas para la recepción de documentos durante estas fases y unos 10,772 usuarios se han registrado en la plataforma web de Servicio Judicial.
Por buen camino
Pese a la pandemia, el Colegio de Abogado de República Dominicana ha realizado diversas protestas en demanda de que las audiencias sean presenciales.
Los expositores del encuentro promovido por el Poder Judicial reconocieron que aunque el Poder Judicial tiene un portal de servicio y todo un sistema que “nos está llevando por buen camino”, todavía tiene imperfecciones que deberá mejorar sobre la marcha. Esto, aseguraron, porque el sistema de justicia operaba “prácticamente análogo”.
Méndez enfatizó que el contexto actual requiere que se sigan fijando audiencias virtuales y se reserven las presenciales para casos puntuales como el caso de corrupción Odebrecht, entre otras razones, por la cantidad de las partes a comparecer (imputados, abogados y ministerios públicos) y las pruebas a ser incorporadas al juicio.
“El Tribunal nos está preparando para estos casos, ya hay áreas habilitadas para el conocimiento de las audiencias presenciales han sido acondicionadas por el Poder Judicial”, precisó.
En ese tenor, Fernández Cruz adelantó que en el portal del Poder Judicial existe el “Rol de Audiencias” que le permitirá acceder a una audiencia pública no solamente a las partes que comparecen en un juicio, sino a cualquier ciudadano en cualquier parte del país que desee observar su desenvolvimiento.
Conforme a proyecciones que maneja y las mejoras que le están haciendo a la plataforma, aseguró que en poco tiempo tendrán una publicidad de esta modalidad “prácticamente sin precedentes”.
En tanto, Montás subrayó que para mejorar este servicio han estado impartiendo capacitaciones a los diferentes actores, principalmente a los abogados para que no sean tan afectados por la “brecha digital”. También han solicitado colaboración a organismos internacionales.
Una justicia sin papeles
Sobre el costo económico que supone la modalidad virtual, el director de Relaciones Institucionales subrayó que el ahorro del Poder Judicial, al igual que las partes que comparecen a un juicio, ha sido “muchísimo”, tomando en cuenta los materiales gastables y traslados de una provincia a otra.
“Estamos en el proceso de determinar qué tanto nos hemos ahorrado, pero sin duda nos hemos ahorrado muchísimo porque la virtualidad a lo que nos quiere llevar es a una ‘justicia sin papeles’ a través de distintos procesos como la firma digital, sentencia se publiquen vía digital (…)”, manifestó Montás.
