El grado de participación del Estado en la economía privada ha sido uno de los temas más debatidos del Siglo XX. De ahí nace, en gran medida, la distinción entre las economías comunistas y democráticas. Aunque no llegamos ni remotamente cerca a ser una economía comunista en República Dominicana, no deja de ser muy relevante la participación del Estado en la economía.
En sentido general, la participación del Estado dominicano en el sector privado se remonta a los años posteriores al ajusticiamiento de Trujillo. Muchas empresas monopólicas que eran propiedad del tirano pasaron a ser administradas por el Estado, en todo tipos de mercados (desde fósforos a cemento a la producción de azúcar).
De manera paulatina, el Estado se ha apartado de la participación a través de empresas en el sector privado, aunque todavía queda un gran remanente. De hecho, hace unos días el presidente elector Abinader confirmó su intención de proceder a disolver el Fondo Patrimonial del Estado (FONPER), que tiene como propósito la administración de participaciones del Estado en sociedades comerciales.
La reducción de la participación del Estado en sociedades comerciales es algo que debemos apoyar. A través de los años, la experiencia dominicana e internacional ha sido inequívoca en el sentido de que el rol primordial del Estado es de regular, asegurar un mercado libre y competitivo, y no participar en el mercado como competidor.
La razón de esto se debe a que, generalmente, las sociedades administradas por el Estado suelen ser menos eficientes que aquellas gestionadas en el sector privada. A modo de ejemplo, como éxito se puede resaltar la privatización de la concesión de ciertos aeropuertos hace aproximadamente 20 años. El que viajó por el AILA antes de la privatización y después puede dar testimonio de la mejoría que ha conllevado esta administración privada.
Sin embargo, el Estado continúa teniendo una importante y preponderante participación en el mercado eléctrico – que de hecho es un mercado que pudiera ser mucho más eficiente y con ello, aumentar la productividad nacional. En la actualidad, el Estado es dueño de activos de generación, transmisión y distribución.
La fallida privatización de las empresas distribuidoras de electricidad hace más de 15 años ha llevado a que se ha rehuido la posibilidad de explorar una nueva privatización. Sin embargo, un país mucho más abierto, con un Estado que cuenta con técnicos de mayor sofisticación, y una nueva ley de alianzas público-privadas, abre la posibilidad de explorar nuevas alternativas para mejorar la calidad del sector eléctrico.
No obstante lo anterior, nuestra intención no es únicamente abogar por la privatización de las empresas propiedad del Estado en el sector eléctrico, sino de manera paulatina, transparente y con un plan estratégico claro, proceder al desmonte de la participación del Estado en sociedades comerciales. De esta forma, el Estado se puede dedicar a su rol de regulador y velar por los intereses generales de la nación, en vez de invertir esfuerzos en gestionar activos – un esfuerzo que el tiempo y la experiencia nos ha confirmado, no dará frutos para el país.
