El presidente electo Luis Abinader anunció, horas previas a tomar juramento, que la exjueza Miriam Germán Brito ocupará la Procuraduría General de la República. Se trata de uno de los nombramientos que generó mayores expectativas entre la población, debido a la promesa del nuevo gobierno de establecer un Ministerio Público independiente que combata la corrupción administrativa y mantenga una política de cero tolerancia hacia la impunidad.
Abinader también anunció como “Procuradora Adjunta” a la exfiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso, conocida por su persistencia en la persecución de imputados.
“En cumplimiento de mi compromiso de promover un Ministerio Público independiente y respetuoso de los derechos de los ciudadanos, serán designadas Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta”, escribió Abinader en su cuenta de Twitter.
En cumplimiento de mi compromiso de promover un Ministerio Público independiente y respetuoso de los derechos de los ciudadanos, serán designadas Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y Yeni Berenice Reynoso como Procuradora Adjunta. pic.twitter.com/0ohSMKfj9H
— Luis Abinader (@luisabinader) August 16, 2020
Antes de tomar juramento, el diputado José Horacio Rodríguez, del partido Alianza País, confió en que en lo adelante el Ministerio Público pueda luchar contra la corrupción y la impunidad, como demandó Marcha Verde y los manifestantes de la Plaza de la Bandera.
Cientos de miles de ciudadanos de todo el país se movilizaron en 2018 con la convocatoria de Marcha Verde, bajo la consigna de cero impunidad y castigo para los responsables de cobrar los US$92 millones en sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana, según la propia confesión de la transnacional.
Luego de la suspensión de las elecciones municipales de febrero de este año, la transparencia de la Junta Central Electoral (JCE) y de la gestión del saliente presidente Danio Medina se vio cuestionada por cientos de miles de personas, sobre todo de jóvenes y estudiantes universitarios que se congregaban en la Plaza de la Bandera para exigir el cese de la impunidad y proclamar la salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Desde antes de las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio pasado, diversos sectores de la población propusieron nombres de profesionales del derecho para ocupar la posición. La exjueza Germán Brito despertó gran simpatía e interés en diversos medios informativos y en las redes sociales.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que encabezó el saliente presidente Danlio Medina dejó a Germán Brito fuera de la Suprema Corte de Justicia después de una audiencia televisada desde el Palacio Nacional en la que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sugirió imputaciones contra la jueza basadas en una vigilancia cuestionada por amplios sectores de la población y en unas supuestas denuncias anónimas.
Este lunes se espera que Germán Brito tome posesión en un acto en el que deberá recibir las riendas de la Procuraduría General precisamente de manos de Jean Alain Rodríguez, quien, aunque estuvo enfermo de covid-19, hace más de una semana que anunció que recuperó su salud y se reintegró a sus labores.
El Centro Juan XXIII sugirió a Abinader que, además de Miriam Germán, considerara para la Procuraduría General a los abogados Jorge Luis Polanco y Fernando Henríquez.
Promesa del gobierno de “El cambio”
En el programa de Gobierno que presentó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la Junta Central Electoral (JCE), Abinader promete “una reforma profunda en el sistema de justicia”, para garantizar “su imparcialidad e independencia”.
También, devolverle al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) su conformación original para evitar que se formen mayorías mecánicas en beneficio de la organización política que gobierna en determinado momento.
En ese contexto, Abinader promete “reestructurar” el Ministerio Público para garantizar que sea un órgano “independiente” respecto al Poder Ejecutivo.
El gobierno del PRM se compromete a “promover una reforma integral de las instituciones que inciden en el sector justicia, incluyendo la Policía Nacional y el Ministerio Publico”.
Insiste en “despolitizar el Ministerio Público” y separar sus funciones judiciales de la política. “Asumimos el compromiso de promover una reforma que le reserve a la Procuraduría General de la República las funciones de representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales”, dice.
La gestión de Abinader promete promover la inamovilidad del procurador General de la República, “para garantizar la real independencia de los órganos investigadores”.
Su programa recuerda que todas las mediciones internacionales sobre percepción de la corrupción en República Dominicana muestran un claro deterioro del país en la última década.
Recuerda que Transparencia Internacional establece que el índice de percepción de la corrupción se mantuvo, entre 2012 y 2018, “en la vecindad de 30 puntos sobre 100 y con una tendencia al deterioro”.
El programa que resume el compromiso de gobierno de Abinader resalta que mientras los demás países del mundo avanzan más que República Dominicana en el combate de la corrupción.
El documento plantea que en 2015 fue trasladada de Sao Paulo a Santo Domingo la Oficina de las Operaciones Estructuradas que era la instancia de Odebrecht creada para manejar los sobornos. “Una operación de esa naturaleza contaba con la protección de las autoridades dominicanas al más alto nivel, evidenciando el nivel involucramiento del gobierno dominicano y el grado de corrupción del país”, plantea, al recordar unas declaraciones de Rodrigo Tacla al diario El País, de España (10 de julio de 2019).
El plan de gobierno de Abinader plantea que para 2019, el 66% de la población dominicana pensaba que la corrupción había aumentado con relación a 12 meses anteriores.
“El 23% que accedió a un servicio público afirma que tuvo que pagar un soborno, 16% de la población fue extorsionada sexualmente o conoce a alguien y el 46% le ofrecieron sobornos a cambio de votos”, plantea, citando a Transparencia Internacional.
“Casi 6 de cada 10 en 2019, afirma que la institución más corrupta es la Presidencia de la República y 7 de cada 10 dice que el gobierno está haciendo un mal trabajo en la pelea en contra de la corrupción”, añade.
