Recientes declaraciones por representantes del gobierno dominicano han resaltado la necesidad de realizar una reforma integral del Código Tributario (CT) y sus normas complementarias, con la finalidad de corregir distorsiones en la materia, y, presuntamente, aumentar los ingresos gubernamentales.
La necesidad de una reforma del Código Tributario es evidente –el mismo data del año 1992– y debe ser actualizado para tomar en cuenta las necesidades actuales de los sectores públicos y privados. Pero esta reforma debe ser realizada mediante un gran Pacto Fiscal, que reúna a los sectores públicos y privados, radica en el hecho de que nuestro país requiere de una reforma integral del sistema tributario y revisión del gasto público.
Debemos iniciar precisando la necesidad del Pacto Fiscal y su razón de ser, pues la legislación tributaria en República Dominicana no se ha mantenido estática desde el año 1992, y el país ha seguido en un desenvolvimiento positivo desde esa fecha. Sin embargo, los cambios que se han realizado, tanto por vía legislativa y por vía administrativa, han sido mayormente “parches fiscales”. Los denominados parches fiscales son cambios en la materia que se realizan para subsanar una determinada situación particular o específica que se ha presentado, y no abarcan mayores reformas al sistema.
El uso de los denominados parches fiscales ha sido cuestionado, pues implican cambios coyunturales, para satisfacer necesidades y situaciones en determinados momentos, y que en muchos casos tienen efectos a largo plazo que no son previsibles al momento de ser adoptado.
En este mismo sentido se han presentado los incentivos fiscales, que aunque son valiosos, han sido adoptados sin una visión estratégica de la política fiscal y económica. Tanto los parches fiscales como los incentivos fiscales, así como el paso del tiempo, han creado una situación en la que se ha desnaturalizado el Código Tributario, el cual debe ser simplificado y unificado para crear un sistema fiscal coherente, completo y que atienda a las necesidades de la población.
Ante este escenario, se vislumbra la necesidad de un Pacto Fiscal, para reformular la política tributaria del estado. Pero un Pacto Fiscal no debe perseguir una meta de aumentar las recaudaciones, sino por el contrario, contribuir a crear y mejorar las condiciones para facilitar e incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los contribuyentes.
En este sentido, la reforma fiscal debe ser producto de una amplia discusión transparente, comprensiva y que involucre a todos los sectores productivos, para identificar las mejoras que se pueden adoptar tanto para aumentar los ingresos fiscales, pero también para facilitar el crecimiento de los negocios en el país.
No se trata de sencillamente adoptar posiciones aisladas –“eliminar el anticipo”, “aumentar las tasas de impuesto sobre la renta”, etc.– sino de una revisión íntegra de las metas del sector público y la mejor forma en que los sectores productivos pueden lograr a alcanzar las mismas, a la vez que la producción sea aumentada y la competitividad nacional mejorada.
Finalmente, un Pacto Fiscal también debe abordar el tema de la calidad del gasto. Las críticas en este sentido constituyen uno de los principales obstáculos a la confianza en el sistema fiscal, y aumentar la transparencia y calidad del gasto es un paso fundamental en este sentido. Un Pacto Fiscal no debe ser una discusión de una vía, sino que también debe abordar la forma en que se invertirá las recaudaciones, para que la confianza y credibilidad del mismo Pacto sean aún mayores en la sociedad.
