La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, debido a la pandemia del covid-19, hasta 25 millones de personas en el mundo podrían quedarse sin empleo y la pérdida de ingresos de los trabajadores estaría llegando a los 3,400 millones de dólares estadounidenses.
Esa predicción nos hace recordar la importancia que tienen para las sociedades las relaciones laborales. Basta con ver cómo, para que la implementación de cualquier decisión en materia de seguridad y salud sea exitosa, los Gobiernos de los distintos países de inmediato deben enfocarse en tomar medidas de alto impacto para las empresas y sus trabajadores –ayudas, suspensiones de contratos, imposición del teletrabajo o hasta otorgamiento forzoso de vacaciones, entre otras–, medidas hacia las cuales se vuelca la atención de la población y que son decisivas en la valoración que se hace del desempeño de las autoridades en medio de cualquier crisis.
En el caso dominicano, desde que el covid-19 se hizo sentir, está en el aire la pregunta, ¿qué pasos se darán para garantizar los empleos, para asegurar que los ciudadanos disfruten de un salario, para evitar que los derechos de los trabajadores como personas se vean precarizados ante la nueva necesidad de teletrabajo y de jornadas presenciales reducidas, todo esto mientras logra que las empresas sobrevivan –y por qué no, que continúen creciendo–, añadiéndole a ello el ingrediente de que queremos hacerlo con un clima que favorezca la creación de empleos gracias a la inversión local y extranjera?
Ya se ha anunciado que el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), el cual tuvo que crearse de emergencia ante las dificultades provocadas por el covid-19 como una forma de asegurar un ingreso mínimo a algunos trabajadores sin que esto sea una carga para las empresas, se mantendrá hasta diciembre. Se han dispuesto también medidas para ayudar a salvaguardar los empleos del sector turístico, mediante la resolución 18/2020 del Ministerio de Trabajo. Pero estas soluciones no pueden extenderse indefinidamente y atienden nada más una parte del problema.
No solo hay ciertas preguntas inmediatas que se deben contestar –en especial sobre el teletrabajo y las suspensiones o terminaciones de contratos–, sino que todavía está pendiente la definición de una política pública laboral general a mediano y largo plazo, así como los pasos concretos para su implementación.
Hay que recordar que ya de por sí, en una época pre pandemia, se venía hablando de modificar el código de trabajo e incluso se intentó iniciar el diálogo entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores que se requiere para ello. Ese diálogo social tripartito debe buscarse ahora más que nunca bajo iniciativa de las autoridades, no necesariamente para tratar de modificar por completo el código de trabajo, –lo que podría ser peligroso en medio de una crisis–, sino para consensuar soluciones que satisfagan en lo posible el interés de todos los sectores.
Sin duda, el covid-19 ha dejado ver las fortalezas o debilidades de las legislaciones e instituciones con que contamos y ponerlas en su justa dimensión. Ahora la tarea que queda pendiente es hacer un balance sobre lo que se debe mantener, modificar o reforzar y, a partir de ello, diseñar esa política pública laboral que necesitamos para salir adelante exitosamente, protegiendo las empresas y protegiendo los trabajadores.
Natachú Domínguez Alvarado
Abogada.
Directora Senior en OMG y docente en la Universidad Iberoamericana (Unibe).
n.dominguez@omg.com.do
