En este momento en donde se ha abierto un debate en el país entre la actual administración del gobierno dominicano y los que recién abandonaron esa posición, convendría traer a colación los resultados de un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El referido estudio, el cual tiene como centro de análisis el panorama de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe (2020), enfoca, principalmente, ¨la ola de escándalos de corrupción que han socavado la confianza en los gobiernos y en el sector privado”, así como “el desencanto popular y la disminución en la confianza de las administraciones públicas como una amenaza real”.
La discusión entre las actuales autoridades de turno, encabezas por el presidente Luis Abinader, y los representantes del danilismo, parten del discurso pronunciado por el primero, en donde este asevera que “la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad”, a los que los segundos respondieron destacando el crecimiento económico logrado en los últimos ocho años y la estabilidad macroeconómica, las cuales, afirmaron, dieron paso a la posibilidad de que los mercados internacionales demandaran los 3,800 millones de dólares que fueron colocados por el actual gobierno en calidad de bonos soberanos.
La controversia resulta interesante, sin embargo, no deja de evidenciar las debilidades institucionales que se han afianzado en el país, en donde las denuncias sustituyen las investigaciones y los sometimientos, en tanto las defensas de los inculpados, se realizan con fiel conocimiento de la ausencia de un verdadero y serio sistema de consecuencias, y con la seguridad de que las pruebas escasearan. Mientras tanto, la población dominicana pierde cada día más su fe y creencia en que desaparecerá el borrón y cuenta nueva, en que el erario público dejará de ser un botín de guerra política, y en que la desigualdad en que han sumido a la sociedad no dejará de ser cada vez más elevada.
Lo peor de todo es que este es un fenómeno de toda América Latina y el Caribe, demostrado en el hecho de que solo el “34% de la población de esta región dijo tener confianza en el gobierno, 4 puntos porcentuales menos que lo afirmado en el 2007”, según el estudio de marras. Añade el estudio que en la mayoría de los países de ALC se promueve la rendición de cuentas, la transparencia e integridad en el proceso de toma de decisiones públicas, pero su implementación es, hasta cierto punto, dudosa.
El problema básico, según se revela, es que el sistema de partidos se ha debilitado y los partidos políticos se han convertido en empresas, sobre todo porque sus actores han visto en la cosa pública una posibilidad de rápido ascenso económico a través del tráfico de influencia y de otras prácticas nocivas.
Por eso, los políticos vinculados al funcionariado público se convirtieron en empresarios y, los empresarios, al observar esto, se convirtieron en políticos, creando esto una confusa madeja que siempre termina en alianzas público-privada. Mientras tanto, los pobres continúan esperando que llegue su redentor.
