Las declaraciones del director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, donde asegura que las empresas o personas físicas que decidan transparentar sus patrimonios no declarados o revalorizarlos al amparo de la amnistía fiscal, podrán hacerlo sin que se les cuestione sobre el origen del dinero o la procedencia de los bienes a declarar, ha provocado reacciones a favor y en contra.
El presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher; el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Luis Miura, y el economista Leonardo Perozo coinciden en que es una buena medida, siempre y cuando se pueda justificar el origen del dinero o la procedencia de los bienes a declarar.
Según Cristopher, declarar patrimonios y transparentar activos en momentos en que acaba de salir un partido del poder es incorrecto. Entiende que esa medida se puede prestar a que muchos funcionarios que adquirieron bienes de forma ilegal, se presten para justificar esos recursos mediante la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial y la amnistía fiscal de la Ley 222-20.
“Estamos en desacuerdo con esa ley, pero si hubiese sido en otro contexto sería razonable, ya que ahora lo que se debe buscar es que quien obtuvo dinero mal habido no tenga oportunidad para transparentarlo”, aseguró.
Aunque la ley se presta para que el Gobierno capte dinero en la situación de crisis que vive el país, para Cristopher lo que se quiere hacer es un borrón y cuenta nueva, cuando lo que se debe exigir es transparencia.
Para el presidente de la Codopyme, esa amnistía no está hecha para las pequeñas y medianas empresas, ya que tienen pocos bienes y patrimonios por declarar que no estén al día en la DGII. “La mayoría de las mipymes tienen locales alquilados y, los que lo tienen propio, dudo mucho que no estén declarados, aunque puede darse el caso, pero esa medida está hecha para otros sectores”, afirmó Miura.
Sostuvo que el incumplimiento de acuerdos y convenios internacionales en materia de prevención de lavado de activos en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), podría tener implicaciones en los servicios de corresponsalía y en el riesgo país.
Por tanto, hay que velar para que la Ley 46-20 y su reglamento de aplicación tengan impacto positivo en el aumento de las recaudaciones, pero en el marco de su cumplimiento y de las buenas prácticas internacionales.
De su lado, Perozo señala que la amnistía, reglamentada en la Norma DGII 05-20, viene a complementar el limbo en que había quedado la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su difícil aplicación.
Sin embargo, para transparentar patrimonios no declarados, una amnistía fiscal de 3.5% del valor declarado es ínfimo, es decir, siempre que se pueda demostrar el origen lícito, entonces es pertinente la legislación.
Perozo lo ve como una forma para empezar un proceso de saneamiento a las finanzas públicas, ante el “enorme” déficit que fue heredado por el nuevo Gobierno. “Es una medida razonable y mitiga los efectos del déficit, para que el país, como emisor de deudas, no se exponga en el mercado local o el internacional, donde hay riesgos cambiarios”, resalta.
