La redacción de una nueva Constitución en Chile generará incertidumbre hasta su conclusión en 2022 y podría afectar “negativamente” tanto al sentimiento de los inversores como a las tendencias del gasto público, según ha señalado la agencia calificadora Moody’s.
La firma considera que la introducción de cambios institucionales importantes en el nuevo texto constitucional es poco probable, ya que existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como es el mercado libre, los derechos de propiedad privada y un banco central independiente.
El pasado 25 de octubre un 78% de chilenos aprobó mediante un plebiscito la redacción de una nueva constitución en el país andino para sustituir su anterior carta magna, que databa del 1980 y estaba vinculada a la dictadura de Augusto Pinochet.
Los ciudadanos también decidieron (con el 79% de los votos) realizarla sobre una convención constitucional, esto es, de modo que la convención encargada de redactar el nuevo texto estará compuesta en su totalidad por 155 miembros elegidos por la ciudadanía.
La opción alternativa era una convención mixta, que estaría conformada por 86 miembros seleccionados por el Congreso y 86 miembros elegidos por el pueblo. La convención constitucional comenzará a redactar la nueva constitución en junio de 2021 y tendrá hasta mayo de 2022 para finalizar la nueva constitución, que estaría sujeta a otro plebiscito.
“Observamos que el resultado del proceso reflejará las opiniones de la mayoría del órgano constitucional porque al menos dos tercios de los miembros redactores son necesarios para aprobar la constitución”, apunta Moody’s.
Sin embargo, la agencia explica que existe el riesgo de que la convención constitucional pueda establecer prioridades políticas en la redacción del texto. De su lado, la calificadora observa varios riesgos en materia de gasto público e intervención estatal en la economía.
De este modo, Moody’s cree que la convención podría impulsar el gasto para expandir significativamente los derechos sociales garantizados, una medida que aumentaría materialmente gasto del gobierno por mandato constitucional.
“A su vez, la convención podría definir un papel más activo del Gobierno en la economía, lo que puede conducir a un aumento sustancial de las regulaciones que tendría un efecto perjudicial sobre la inversión privada y competitividad”, apostilla.
La agencia también considera que la redacción de una nueva Constitución canalizará el descontento social del país de manera institucional, lo que ayudará a abordar demandas que han sido fuente de protestas persistentes, aunque, sin embargo, presenta riesgos a medio plazo.
