El Gobierno dominicano debe garantizar seguridad jurídica para atraer inversiones y desarrollar alianzas público-privadas (APP), que se traduzcan en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Así lo explicó el gerente senior de EY Law, Ernst & Young, Julio Muñoz Rodríguez, quien señaló que lo “más importante para garantizar una sostenibilidad de las alianzas es contar con los instrumentos legales y normativos correspondientes”.
Muñoz Rodríguez precisó que, con el cumplimiento de un proceso de participación, formulación, evaluación, ejecución y posterior fiscalización, el Estado puede garantizar que recibirá lo acordado mediante el esquema de alianza público-privada.
Además, contar con una normativa dará garantías al sector privado. “Van a sentir la seguridad de que pueden seguir participando, invertir y que van a lograr un retorno”.
“El Estado, como garante del bienestar colectivo, vería reconocido su propósito y el sector privado tendría la seguridad de su inversión, la satisfacción de que está contribuyendo con el desarrollo del país, que al final de cuentas, también redunda en el desarrollo y en el crecimiento de los propios inversionistas privados”, afirmó.
Voluntad política
Para Muñoz Rodríguez, la designación de Sigmund Freund Mena como titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), es una muestra del interés que tiene el Estado dominicano de impulsar iniciativas que vinculen a estos sectores.
“Es una señal inequívoca a los actores privados de que se apuesta al instrumento para que pueda servir de vehículo y canalizar inversiones que le garanticen el retorno a los actores privados, pero también que puedan satisfacer las demandas que tiene la sociedad”, precisó.
El experto en derecho corporativo señaló que la pandemia ha dejado diezmada la capacidad del Estado para realizar inversiones. Por tal razón, las APP son una alternativa para garantizar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo que, por la falta de recursos, el Gobierno podría postergar.
El coronavirus ha obligado a los países a priorizar el sector salud y el educativo. “Ha replanteado todo el tema de las finanzas públicas, que ha tenido que postergar cobro de impuestos, cobro de tasas y un sinnúmero de mecanismos que han constituido un gran desafío para la administración pública”, dijo Muñoz Rodríguez.
