El resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos captará la mayor parte del interés y de la prensa en los próximos días, algo que es comprensible. A la mañana del 4 de noviembre, el resultado parece incierto, y lo único que pudiera ser asegurado es que habrá disputas legales tras la victoria del eventual ganador durante las próximas semanas.
A pesar de eso, estas elecciones estadounidenses no se limitaban al presidente, diputados, senadores y otros cargos electivos, sino que también habían varias iniciativas populares a considerar. A diferencia de República Dominicana, en donde solo el Congreso puede legislar, en la mayoría de los estados de esa nación se pueden lanzar “iniciativas legislativas” de voto popular directo, una especie de referendo respecto a aspectos de regulación directa.
El poder de someter iniciativas legislativas es un aspecto fundamental de la democracia estadounidense, pues le concede a los votantes una voz directa sobre aspectos que pudieran ser tratados por el Poder Legislativo.
En este ciclo electoral, uno de los temas que más frecuentemente figuró en la boleta fue la legalización de la mariguana para uso recreacional (triunfó en los cinco estados en que figuraba).
Sin embargo, la iniciativa que más nos interesa es una de California sobre la regulación de la denominada “gig economy”. Este es el tipo de trabajo en el cual los trabajadores generalmente son considerados contratistas independientes y ofrecen sus servicios en una plataforma (por ejemplo, Uber, DiDi, Lyft, etc.), por lo que no gozan de las protecciones y privilegios concedidos a quienes son considerados “empleados” para fines del derecho laboral.
El año pasado en el estado de California se aprobó una ley mediante la cual se hacía más difícil que estas empresas pudieran considerar a sus colaboradores como “contratistas independientes” y, por el contrario, debían ser considerados como “empleados”, con todo lo que ello implica. Esta medida fue altamente controversial, especialmente en un estado como California, cuna de Silicon Valley y de muchas de estas compañías.
A favor de la medida estaban muchas personas que entendían que las empresas de plataforma se estaban “aprovechando” de los colaboradores, que eran de hecho empleados, aunque no fueran catalogados así para fines legales. Al contrario, las plataformas entendían que el esquema ofrecido le daba flexibilidad a sus colaboradores, y de ser considerados como empleados, aumentaría el costo de los servicios y se disminuiría su oferta.
Como que esta medida fue hecha ley, se planteó una iniciativa popular para deshacerla, para que plataformas vuelvan a considerar a sus colaboradores como “contratistas independientes”. Alrededor del 60% de los votantes de California apoyaron la medida, por lo que los votantes, de manera directa, revocaron una ley que había sido aprobada por la legislatura del estado.
Es interesante estudiar la forma en que se conjugan aspectos como el derecho laboral, la participación democrática, la economía vía Internet, y otros aspectos, en un ámbito electoral. Sin lugar a dudas que la regulación de este nuevo espacio de la economía continuará siendo fuertemente debatido a nivel legislativo y popular.
