Las organizaciones del sector empresarial e industrial consideraron necesaria la aprobación de una nueva ley de desarrollo fronterizo que realmente fomente la generación de inversiones y empleos en las provincias de la frontera, sin detrimento de industrias, empresas y empleos en otras zonas del país.
A través de un comunicado de prensa, reconocieron las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan a las provincias fronterizas, lo que ha llevado a que esta región se sitúe entre las más pobres de la nación, razón por la cual apoyaron la permanencia de un régimen especial para las empresas que se instalen en dicha zona.
Indicaron que la Ley 28-01 no debe dejarse expirar al llegar a su término, sino que debe ser modificada a fin de que en ella “se establezcan, de manera clara y explícita, reales facilidades para que muchas empresas se instalen en la zona y que, al mismo tiempo, se cree un verdadero y seguro clima de inversiones tanto privadas como públicas, que dote de mejores condiciones de vida a los habitantes de la zona”.
Consideraron, sin embargo, que esta nueva ley no debe generar “una competencia desleal a las demás regiones del país”.
El comunicado fue firmado por treinta y nueve organizaciones empresariales de República Dominicana.
Las organizaciones firmantes exhortaron a los legisladores a revisar y modificar las disposiciones de la Ley 28-01 que establecen incentivos fiscales para asegurar que las mismas sean enfocadas a la producción en la frontera y no sigan causando las distorsiones creadas en otras zonas del país.
“Las exenciones aplicadas no solo afectan las recaudaciones fiscales al eximir del pago de impuestos a las empresas en instalaciones y comercialización fuera de la zona fronteriza, sino que además impactan negativamente el encadenamiento productivo, al exonerar importaciones de bienes finales, bienes intermedios, e insumos que son producidos en el país”, señalan las organizaciones.
Afirman que debe quedar claro que permitir la importación libre de impuestos de todo tipo de bienes desde otros países no produce empleos y riquezas en la zona, sino que los genera fuera del país.
Reconocieron que el Gobierno realiza grandes esfuerzos por la reactivación económica y la industrialización del país y que una extensión pura y simple de la Ley 28-01 por otros 30 años, sin una revisión consciente de su redacción, de la focalización de los incentivos y sin tomar en cuenta el daño provocado al desarrollo productivo en otras regiones, sería contraproducente.
Aseguraron que han sido coherentes con el planteamiento de que el sector productivo nacional no puede desarrollarse de manera sostenible “si existen condiciones fiscales diferentes para competir en un mismo mercado, por lo que apelamos a la comprensión y nos ponemos a disposición de nuestras autoridades y congresistas para juntos dotar al país de una pieza legislativa que logre el propósito que todos los dominicanos queremos: El desarrollo social y económico y la generación de empleos en la zona fronteriza de nuestra República Dominicana”.
Firman el comunicado la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (ASIBENAS), la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI), la Asociación de Industrias y Empresas de Haina (AIE-Haina), la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (AFAMOTO), la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de vehículos (ACOFAVE), Asociación de Fabricantes de Productos Químicos, Cosméticos y Afines (AFAPER) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Textileras (APYMETEX).
Además, por la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas (ADAA), la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC), la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación Dominicana de Fabricantes de Cervezas (ADOFACE), la Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (ADOCALZA), la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), y la Asociación Dominicana de Industrias Gráficas (ADIGA).
También por la Asociación Dominicana de Industrias Lácteas (ADIL), Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), la Asociación Dominicana de la Industria de Plásticos (ADIPLAST), la Asociación Dominicana de la Industria del Tabaco y el Cigarrillo (ASOCIGAR), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM), la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON), la Asociación Dominicana del Acero (ADOACERO), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), y la Asociación Nacional de Importadores (ANI).
Asimismo por la Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines (ASONAIMCO), Asociación Nacional de Industrias Metalmecánicas y Metalúrgicas (ASONAMECA), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Cámara de Comercio Dominico-Mexicana (CADOMEX), Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CPPSD), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Federación de Mujeres Empresarias (FEM), Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Representantes-Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS), Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC), Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), y la Unión Nacional de Empresarios (UNE).
