Las entidades de intermediación financiera, tanto bancos de servicios múltiples como asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP) tienen departamentos dedicados a la administración de los llamados “bienes adjudicados”.
Se trata de bienes mobiliarios e inmobiliarios que son incautados por las entidades financieras, porque fueron puestos como dación en pago o garantía de financiamientos previamente otorgados a sus propietarios. Si el deudor no paga, la entidad financiera ejecuta la garantía, es decir, se incauta del bien inmobiliario o mobiliario en cuestión.
Una vez en su poder, la entidad financiera procede a publicar la lista de esos bienes y a ofrecerlos en venta. La idea es que esa venta sea por el valor del financiamiento adeudado más los intereses acumulados de esa deuda no pagada.
Pero ocurre que en ocasiones esos montos llegan a exceder el valor de mercado del bien en garantía, por lo que el precio de venta que le pone la entidad financiera se torna poco atractivo para cualquier comprador interesado.
A eso se suma el hecho de que la entidad financiera no siempre dedica recursos para el adecuado almacenamiento de los bienes mobiliarios o mantenimiento de éstos como de los inmuebles, lo cual hace que se vayan deteriorando con el tiempo.
Otra dificultad que hace poco atractivos esos bienes para los potenciales compradores es el trámite o procedimiento para verlos y evaluarlos. El cliente debe llamar al banco, solicitar una cita, aceptar la fecha y hora que le asigna la entidad para entonces poder ir a ver el mobiliario o inmueble que le interesa.
Si finalmente resulta atractiva la posibilidad de compra, entonces el interesado debe hacer una oferta, que puede ser menor al monto original de venta. Esa oferta debe ir acompañada del depósito del 10% del valor presentado. Luego, la oferta es enviada al Consejo de Administración de la entidad financiera para ser evaluada, aceptada o rechazada.
Mientras tanto, el interesado debe esperar todo ese tiempo, además de que es posible que su oferta compita con la de otros interesados y al cabo de esas evaluaciones es cuando se le avisa para decirle que ha sido aceptada su intención de compra por el valor ofertado.
Todo ese tiempo y burocracias hacen que los bienes incautados de las entidades financieras se tornen poco atractivos para los clientes que pudieran interesarse.
Además, como ya hemos dicho, generalmente no se ofrecen en precios de oportunidad, sino en montos que en ocasiones superan su valor de mercado.
Esto se debe a que, por lo general, cuando los bienes en garantía ocupados por las entidades financieras son de “oportunidad”, es decir, que tienen un valor muy superior a la deuda pendiente de pago, su venta se produce mucho antes de llegar a la condición de “bienes incautados”.
Hay oficinas de abogados especializadas en gestión de cobros o “cobros compulsivos”, que son contratadas por las entidades financieras y a las que les pasan la deuda cuando el cliente ya tiene tres meses consecutivos sin pagar. Es cuando a usted le dicen que su deuda “está en legal”.
Una vez ahí, ya usted no negocia con el banco, sino con la oficina de abogados. Si se llega a la necesidad de incautar el bien en garantía de la deuda, entonces se realizan los procedimientos legales para llevar ese bien a venta en pública subasta. Si una persona está interesada en participar de la subasta, tiene que hacerlo a través de un abogado, pues así está establecido.
Es entonces cuando determinados abogados, con capital disponible, se aseguran de comprar el inmueble o mobiliario si su precio de venta, que generalmente es el monto que se le adeuda al banco, está muy por debajo de su valor de mercado.
Así, la firma legal lo compra, le paga al banco y vende el bien a un valor mayor, con lo que adquiere buena ganancia. Si el bien mobiliario o inmobiliario tiene un valor igual o menor al monto que se le adeuda al banco, entonces se torna poco atractivo, nadie lo compra y termina en el departamento de “bienes adjudicados”, donde siguen perdiendo valor y con un precio de venta elevado.
