China está más cerca de concluir su ambiciosa tarea de acabar con la miseria que durante décadas ha azotado a muchas zonas rurales del país tras asegurar que ha eliminado los últimos condados restantes de su lista de regiones empobrecidas.
En concreto, los últimos nueve condados que salieron de la pobreza extrema se encuentran en la provincia central de Guizhou, una de las regiones históricamente menos desarrolladas del país debido a su difícil geografía y las consecuentes dificultades del transporte.
Retirar de la lista a estos condados significa, en palabras del investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China Gao Gang, que el país está cerca de resolver “un problema milenario”, para lo cual el Gobierno central invirtió casi 140,000 millones de yuanes (US$21,240 millones) solo durante este año.
Un portavoz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explicó a Efe que lo más destacado del programa es que ha intervenido en las distintas regiones del país en función de su contexto: “Se llevan a cabo evaluaciones exhaustivas de los recursos de los que disponen así como de las condiciones medioambientales o la cultura de cada provincia, condado y aldea”.
Los proyectos impulsados por las autoridades comprenden desde las reubicaciones a la mejora de las infraestructuras viales, la promoción del turismo ecológico o la puesta en marcha de programas de formación profesional.
Así, las autoridades diseñan “intervenciones a medida”, que pasan por detalles como decidir qué plantar, cultivar o a quién vender en función de sus ventajas comparativas.
El uso del mandarín, prioritario
También pasa por este programa la divulgación del uso del mandarín (el dialecto hablado en el norte) entre las áreas empobrecidas, una de las prioridades del régimen comunista desde los tiempos de Mao Zedong, aunque el último plan data de septiembre de 2020.
Según el Ministerio de Educación del país asiático, alrededor del 80.72% de la población habla el “putonghua” -la “lengua común” oficial, basada en el mandarín-, mientras que en algunas regiones donde residen minorías étnicas que utilizan otros idiomas o dialectos solo llega hasta el 61.56%.
Históricamente, algunas de las minorías étnicas del país se han mostrado reticentes a utilizar el mandarín por razones que van desde lo cultural a lo político, dificultando, a ojos de las autoridades centrales, la modernización del país.
El objetivo, al menos oficialmente, es alcanzar el bilingüismo para que sus residentes puedan tener mejores oportunidades educativas y laborales, aunque regiones como Mongolia Interior han sido testigo este mismo año de protestas ante la imposición del mandarín como lengua vehicular en las escuelas.
Un hito a celebrar
Antes de que el país declare oficialmente que ya no hay miseria, el Consejo de Estado (Ejecutivo) debe verificar los datos ofrecidos por las provincias, según el funcionario Xia Gengsheng, citado este miércoles por la cadena estatal CCTV.
Con todo, incluso el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Zhao Lijian celebró el logro, y afirmó que “China ha dicho adiós a la historia de los condados golpeados por la pobreza”, un objetivo para el que el país “recibió mucho apoyo y asistencia de la comunidad internacional”.
“Compartiremos nuestra experiencia para ayudar a otros países en desarrollo y contribuir a los esfuerzos globales en la reducción de la pobreza”, dijo Zhao.
En 2012, el Partido Comunista Chino (PCCh) se fijó el objetivo de acabar con la pobreza extrema en 2020. Desde hace ocho años, según las estadísticas oficiales, han abandonado esa circunstancia 93.8 millones de personas y quedaban 5 millones a principios de este año.
En las últimas cuatro décadas, Pekín sacó de la pobreza, según los baremos estatales, a cerca de 850 millones de personas, aupado por las reformas económicas, en un periodo de tiempo en que su aportación a la economía mundial ha pasado del 1.5% al 15.4% actual.
Un umbral de la pobreza distinto
El estándar fijado en 2011 por el Ejecutivo chino considera pobres a residentes en zonas rurales cuyos ingresos no superen los 4,000 yuanes anuales (US$1.2 al día, por los US$1.9 que establece el Banco Mundial) y no tengan un “acceso básico” a vivienda, alimentos, prendas, sanidad, educación y agua potable.
Según el PNUD, el estándar chino se elevó en 2018 a US$1.25 diarios ajustando los precios de la inflación hasta ese año, mientras que las autoridades chinas aseguran que en 2019 llegó a US$1.6 por día.
No obstante, organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado la ausencia de transparencia de los programas empleados para conseguir el objetivo y se preguntan si el Gobierno consultó a sus destinatarios o si las comunidades pudieron expresar libremente sus puntos de vista sin temor a represalias.
También recelan del impacto ambiental de estos planes o de los programas de realojamiento puestos en marcha para quienes viven en las zonas más remotas del país, aunque los funcionarios chinos aseguran que los implicados accedieron por voluntad propia.
