[dropcap]A[/dropcap]lgunos estudiosos afirman que la historia del capitalismo está intrínsecamente vinculada a concesiones políticas que se ofrecen desde un Estado con rango de paternalista.
Esto no era problema mientras existía una clara línea divisoria entre quienes ejercían la política y quienes invertían sus capitales en busca de ganancia, asumiendo los riesgos relacionados a la actividad productiva.
Los empresarios, con mucho o poco apoyo de los Gobiernos, ejercían el rol de creadores de riqueza, generaban empleo y, en algunos casos, hasta llegaban a pagar religiosamente sus impuestos.
Tal es el caso de la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial Promulgada en 1968, que reducía los impuestos de importación a insumos y bienes de capital y exoneraba del ISR a las inversiones en la industria, al tiempo que disponía de financiamiento bajo condiciones blandas. Antes de esto, ya se conocía otro de tipo de concesiones a sectores productivos.
Los políticos, de su lado, entendían también que su rol era el de administrar la cosa pública, que antes era pequeña, aunque daba para que uno u otro político insensato cometiera la indelicadeza de robarse el erario público. De hecho, se permitía como bueno y válido que los políticos recibieran 10% de comisión como pago por sus “gestiones” para que a los proveedores se les pudieran saldar sus acreencias.
Hasta ahí todo iba bien. Pero el Estado se hizo grande lo mismo que la voracidad de los empresarios y la ambición de los políticos. Las cosas se fueron complicando. Aun cuando el porcentaje de comisión por la intermediación fue aumentando, parecía insuficiente frente a un clientelismo político que recién se inauguraba.
Entonces, empresarios y políticos descubrieron la factibilidad de las sociedades comerciales; uno como proveedor y otro como garante para el saldo de la deuda.
Obviamente, el abultamiento de los valores contratados era una condición indispensable no solo para solventar la comisión sino, además, para cubrir la pérdida que se produce como consecuencia del largo periodo que se toma el Gobierno para pagar. Pero la complicación viene cuando ambos a dos, políticos y empresarios, quieren sustituirse mutuamente, es decir, el político se vuelve empresario y el empresario se mete a político.
El político maneja el botín estatal y descubre que hay formas de hacer negocio, sobre todo si se pueden evadir los riesgos. El empresario ya no solo se conforma con financiar campañas electorales y ofrecer comisiones cada vez más altas, sino que le entusiasma la idea de estar más cerca del botín estatal, sentirse con poder político y asegurar su fortuna.
Y así estamos, todos mezclados.
