La indigencia es un drama social que afecta a muchos países. Ninguna nación, por más rica que sea, escapa a este fenómeno social. En el caso de República Dominicana al menos 296,591 personas no cuentan con los medios o recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, conforme al más reciente Boletín de Estadísticas oficiales de Pobreza Monetaria del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).
La citada cantidad de pobres indigentes, llamados a veces, de manera despectiva y errónea: mendigos, sin techo, vagabundos, desamparados o locos, al cierre de 2018 bajó un 0.2%, al compararla con 2017, cuando se registraban 382,748.
Las causas que llevan a estas personas a deambular en las calles son múltiples. Las más comunes, de acuerdo a la psicóloga clínica-forense, María Grullón, son enfermedades mentales (trastornos), alcoholismo, drogadicción, maltrato intrafamiliar, situaciones de escasez y falta de protección estatal. Esta situación, asegura Grullón, los hace vulnerables a abusos sexuales, enfermedades infectocontagiosas, maltratos físicos, violencia verbal y psicológica, tráfico de personas e infectarse del covid-19.
Al respecto, el titular del MEPyD, Miguel Ceara Hatton indicó que este segmento de la población necesita apoyo de las autoridades. “Ese es un grupo minoritario para los que tendríamos que tener programas especiales”, reconoció el economista e investigador social al subrayar que la mejor política social para reducir la pobreza es creando empleos.
“Eso garantiza que los niveles de vida de la población mejoren. Eso garantiza que no haya necesidad de dar subsidios”, enfatizó Ceara Hatton.
En ese tenor, la socióloga y catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Josefina Arvelo, sostuvo que la indigencia constituye no solo un problema social sino político y económico, aunque pareciera pasar por desapercibido.
Por tanto, el Gobierno, afirmó Arvelo, “es el responsable de crear instituciones o centros para albergar a esas personas. Si es un problema de abandono, tratar de ubicar la familia para ver en qué medida se pueden reintegrar a sus familias… y si son personas que no tienen familia, pues tratar de ayudarlas”.
En 2020 el Estado dominicano presupuestó RD$2,085.7 millones para las asociaciones sin fines de lucro (ASFL), distribuidos a unas 1,331 entidades. Entre las instituciones del Estado que trabajan directamente con este tema están el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) con un presupuesto de RD$221.3 millones, el Consejo Nacional para la Niñez y la Educación (Conani), cuyo monto asignado para este año fue de RD$1,442.4 millones y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) con un monto de RD$706.3 millones.
Los montos destinados a esas tres instituciones buscan garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y los adultos mayores, a través de políticas públicas integrales. Sin embargo, los programas que ejecutan esas entidades y otras a favor de esa población parecen no ser suficientes, debido a que es frecuente observar a niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados “deambular” por las distintas calles del país, principalmente las del Gran Santo Domingo.
No deben verse como carga
Para el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Jorge Báez, los indigentes no deben verse como una carga económica para el Estado.
“El indigente, que pasa los días bajo sol, lluvia y sereno y que duerme sobre un cartón en espacios públicos, no es una carga. La carga es mantener un sistema que promueva y tolere la pobreza extrema y con ella la creación de indigentes”, expuso Báez.
Detalló que estas personas merecen que sus derechos fundamentales como acceso a salud, alimentación, educación y vivienda sean cubiertos, sin importar el pago de impuestos directos que aportan o no. En el país existen, al menos, seis tipos de impuestos, de los cuales el más conocido por la población es el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS).
¿Cómo se contabilizan?
La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) indica, en su reporte del 2012 al 2018, que la pobreza extrema o indigencia descendió de 9.9% a 2.9%. Pasó de 954,154 indigentes a 296,591. Esto quiere decir que alrededor de unos 650,000 indigentes salieron de las calles del país, cifra que a juicio del gobernador del Banco Central (BC), Héctor Valdez Albizu, representa un “logro extraordinario”.
En ese tenor, Valdez Albizu indicó que la pobreza monetaria, durante el período señalado, bajó de 39.7% en 2012 a 22.8% al cierre de 2018. Eso significa que en seis años aproximadamente un millón y medio de dominicanos lograron superar el umbral de la pobreza.
Pero, ¿cómo miden la cantidad de indigentes? Es la pregunta obligatoria debido a que este segmento de la población, en su mayoría, no posee una residencia fija, documentación o fuente de empleo. A esto la directora de Encuestas Nacionales del BC, Elina Rosario, explica que “la estimación de la cantidad de indigentes en el país se realiza a través de la metodología oficial para la medición de la pobreza monetaria en República Dominicana, establecida desde el 2012 por consenso del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de Pobreza (CTP)”.
Sostiene que el mismo cuenta con la participación del MEPyD, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Banco Central, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Trabajo, el Gabinete Social, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“La referida metodología define la pobreza monetaria como la insuficiencia de ingresos en los hogares (y sus miembros) para adquirir una canasta de consumo que permita satisfacer las necesidades mínimas de alimentación y otros bienes y servicios básicos (como una casa)”, sustenta Rosario.
En noviembre de 2018 la canasta básica de consumo tenía un costo mensual de RD$4,972.5 por persona, por tanto, todo individuo cuyo ingreso o disponibilidad monetaria per cápita era menor, se considera en pobreza general.
“Dentro de este grupo, los que no alcanzan un ingreso para cubrir la canasta básica únicamente de alimentos, cuyo costo mensual era de RD$2,289.3, se consideran en condición de pobreza extrema o indigencia”, añade Rosario.
¿Dónde están los que salen de la indigencia?
Respecto a las 650,000 indigentes menos, que señaló el gobernador del BC, surge la inquietud de ¿en qué nivel de la clasificación social se encuentran? A esto la directora de Encuestas Nacionales indicó que los datos que se utilizan para la estimación de la pobreza no registran el seguimiento en el tiempo de las mismas personas cada año.
“Por lo que no es posible obtener la clasificación social en que se encuentran actualmente las personas que han superado el umbral de la pobreza”, reconoció Rosario.
La falta de políticas sociales robustas hace que esta población vaya en ascenso, insiste la socióloga Arvelo. “Y déjeme decirle algo, está creciendo (la cantidad de indigentes). He observado que en lugares en donde había una persona hay más y en donde no había ahora encuentro que hay personas indigentes”, alertó.
