El paso del covid-19 por América Latina ha convertido 2020 en un año perdido en las reformas pendientes y, además, ha dejado la economía de la región dañada y en peor situación para avanzar en la reducción de la brecha que la separa de las economías desarrolladas.
Estos son los principales retos a los que se enfrenta Latinoamérica en 2021.
Recuperar la estabilidad presupuestaria y el crecimiento
Las medidas puestas en marcha por los Gobiernos para mitigar el impacto de la pandemia han hecho mella en las cuentas públicas. Según las previsiones del FMI, la deuda conjunta de la región va a estar por encima del 80% del PIB entre 2020 y 2025 -en 2012 era el 47%- y el déficit público superará el 5% este año para ir bajando muy lentamente hasta el 3.7% en 2025.
El rebote del PIB esperado en 2021 aliviará la situación, pero las economías lationamericanas aún estarán por debajo de los niveles previos a la llegada del virus.
El FMI ha sido clave para apoyar la liquidez a corto plazo durante la pandemia. Hasta mediados de diciembre ha prestado a los países latinoamericanos US$63,809 millones y desde diversos ámbitos (países, bancos de desarrollo, organismos multilaterales) se pide abiertamente que incremente su ayuda de emergencia con emisiones adicionales de su divisa (DEG) para apoyar a la región.
Intensificar la colaboración público-privada
América Latina debe destinar un porcentaje adicional de su PIB durante décadas para cerrar la brecha de infraestructuras (ferroviarias, portuarias, digitales, energéticas, etc.) respecto a otras regiones del mundo.
A la vista de las estrecheces presupuestarias que afrontarán en 2021 los países y la caída de la financiación que llega del exterior, la colaboración público-privada es la única vía para mantener el ritmo de inversión y avanzar en el desarrollo de infraestructuras.
En este punto también es clave el apoyo de los bancos de desarrollo multilaterales de la región, CAF y BID, a la hora de impulsar proyectos.
Atraer inversión foránea
El Institute for International Finance (IIF) cifra la salida de capitales de los países emergentes en el primer trimestre en más de US$100,000 millones. Un tercio de esta cantidad corresponde a Latinoamérica, según los cálculos del FMI. Hasta septiembre no se recuperó el flujo anterior a la pandemia y en América Latina todavía no se ha llegado a ese punto.
La Cepal prevé a una caída de la inversión extranjera directa este año de entre un 45 y un 55%, el mayor descenso en todo el mundo, y recomienda centrarse en sectores que promuevan el cambio técnico, como las energías renovables, la movilidad sostenible, las industrias digitales y de la salud, la economía circular y el turismo sostenible.
Recuperar el turismo
Las restricciones de vuelos internacionales y cruceros han paralizado el sector turístico buena parte del año. Clave para la entrada de divisas, en 2019 representó el 26% del PIB y el 35% del empleo del Caribe, y el 10% de ambos indicadores en toda América Latina.
Los Gobiernos han adoptado medidas para proteger el empleo en el sector, permitir la supervivencia de pymes y facilitar la vuelta a la normalidad, pero organismos como la Cepal han pedido más cooperación subregional en aspectos como los protocolos para restablecer los viajes, intercambio de información sanitaria y buenas prácticas entre países.
Informalidad laboral
La crisis sanitaria ha hecho aún más patente el problema del trabajo informal, ya que quienes viven en esta situación han quedado fuera de las medidas paliativas adoptadas por los Gobiernos. Las restricciones a la movilidad y la falta de perspectivas de futuro ha llevado a muchas personas a salir del mercado laboral.
La OIT y la Cepal calculan que hasta junio se perdieron 47 millones de empleos y alertan de que la recuperación del mercado laboral será muy lenta a la vista de la experiencia de crisis anteriores y de la desaparición de empresas prevista (2.7 millones).
El banco de desarrollo CAF propone avanzar en la digitalización para romper el bucle entre informalidad y rigidez laboral, además de medidas como reducción de costes a la contratación, mejorar los seguros de desempleo y otros beneficios para hacerla más atractiva o simplificar la normativa para facilitar que pymes y autónomos la cumplan.
Segunda oportunidad empresarial
La pandemia dificulta la solvencia de muchas compañías y hace necesario abordar cambios en la legislación concursal para que las empresas que eran viables antes de la crisis sobrevivan.
Existe en la región gran disparidad normativa, pero, tal como señala CAF, se pueden abordar una serie de recomendaciones comunes: establecer moratorias a las declaraciones obligatorias del concurso de acreedores, crear marcos urgentes y simplificados en las legislaciones concursales para pymes y microempresas, eliminar temporalmente la obligación de recapitalizar la empresa por caídas patrimoniales o activar medidas para que los juzgados encargados de insolvencias no colapsen.
Prepararse para futuros shocks comerciales
Los cierres de fronteras y las limitaciones de actividad rompieron las cadenas de suministro y han hundido el comercio. En Latinoamérica se prevé un descenso de las exportaciones del 23% y de las importaciones del 18% en 2020 (Cepal).
La caída de precios de materias primas ha perjudicado la exportación de los países de la región, que tienen que reducir su dependencia de estos ingresos para protegerse ante episodios de volatilidad.
Tras la experiencia vivida, algunos organismos multilaterales dibujan en el medio plazo un escenario con menos interdependencia productiva entre los grandes bloques económicos y una tendencia a la regionalización del comercio.
Más integración regional
El comercio interregional es solo el 15% de las importaciones, muy lejos de zonas como la UE, donde está entre el 60 y el 70%. Encaminar el flujo comercial hacia los países latinoamericanos exige mejorar las infraestructuras y la logística, crear cadenas de valor regionales e industrias con capacidad de implantar redes de producción entre países.
Crecer en los intercambios dentro de América Latina, con un mercado potencial de 650 millones de habitantes, supone un seguro ante eventuales crisis externas de oferta o demanda.
