El Ministerio de Interior y Policía lidera el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), una apuesta del gobierno dominicano que ha sido aplaudida por organismos internacionales. Las autoridades han presupuestado alrededor de RD$1,200 millones para el proceso. Por supuesto, también ha tenido sus detractores.
En teoría todo se pinta fácil: Reciba su ticket, espere asistencia para llenado de solicitud y verificación de documentos; toma de datos biométricos y entrega de constancia. En la práctica hay que “coger lucha”, especialmente los haitianos que, sin duda, han sido los más afectados, pues su país no les ha dotado de la documentación básica para ser aceptados en el proceso.

Ciudadanos de aproximadamente 23 nacionalidades que residen irregularmente en territorio dominicano buscan regularizar su situación.
Una proyección de la cantidad de regularizados, que serán alrededor de 250,000, establece que el Gobierno dominicano destinará alrededor de RD$4,800 por cada persona que normalice su estatus migratorio.
Hay cuatro ministerios cuyos presupuestos son inferiores al monto que el país destinará para regularizar a los extranjeros: Energía y Minas (RD$836MM), Administración Pública (RD$724MM), Juventud (RD$408MM) y Mujer (RD$505.4MM).
El PNRE se inició el 1 junio del año pasado, según el mandato del decreto 327-13, con la finalidad de dar cumplimiento la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. A sólo cuatro meses de haber iniciado el proceso, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, reveló que el Gobierno había invertido cerca de RD$800 millones.

En principio estimó en RD$1,000 millones el presupuesto, pero luego dijo que serían RD$1,200 millones. La cifra final aún no ha sido revelada.
La inversión incluye montaje de estructuras, salarios, dietas y mantenimiento, entre otros. Datos de Interior y Policía establecen que durante los primeros cuatro meses se tomaron las huellas biométricas a 59,600 de un total de 125,000 visitas a los centros de regularización, lo que establece un 53% no pudo completar la documentación. En este lapso apenas se concluyeron 260 expedientes, un 0.4% de quienes reunieron los requisitos.
Para regularizar a los extranjeros, Interior y Policía abrió oficinas en Santo Domingo, Distrito Nacional, Dajabón, Mao, Constanza, Puerto Plata, San Cristóbal, Higüey y otras localidades.
Nacyl Reinald es un haitiano que lleva 12 años en el país. Entró por Elías Piña con un grupo de compatriotas que cruzaron por zonas no vigiladas. Entró con pasaporte, pero de forma irregular. Pasó la prueba en el Plan de Regularización, pero le costó noches y madrugadas en largas filas en la oficina dispuesta por el Gobierno.
Su primera visita para iniciar el proceso, según cuenta, fue desilusionante. No tenía ni una cuarta parte de los papeles que exigía Interior y Policía. Tuvo que buscar carta de la junta de vecinos, acto notarial con siete testigos, constancia de trabajo, residencia, facturas, estudios y una certificación de no antecedentes penales.
Vicisitudes
“Cogí mucha lucha. Tuve que faltar a mi trabajo y tuve que pagar por casi todos los documentos. Me quedé sin nada. Gracias a Dios tengo el papel y ahora espero que me llamen para darme todo. Yo quiero trabajar tranquilo y ayudar a mi familia”, narró.
Con papeles en sus manos Nadege Gracien, madre de dos hijas nacidas en territorio dominicano, permanecía de pies a pesar de estar en una fila que califica de interminable desde las 5:00 de la tarde del día anterior, y aún no había sido atendida al día siguiente.
“Tengo todos los documentos de mis hijas: acta de nacimiento, papeles del bachillerato, papel de buena conducta, un papel de trabajo y aún no me atienden; ya está llegando el día 17 y estoy preocupada”, dijo.
Manifestó que no entiende por qué le solicitan varios documentos si para resolver su situación el principal documento es el pasaporte y su gobierno no ha facilitado el proceso de entrega.
“En Haití también nos la ponen en China, aun no tengo el pasaporte de mis hijas a pesar de que lo solicite hace días”, agregó Gracien.
Asimismo, Wilmer Yean lamenta el abuso y a su entender las autoridades manejan un negocio sucio detrás del proceso. “Para buscar todos los papeles que necesitamos gastamos dinero. Un abogado nos pide por un papel de RD$15,000 a RD$20,000 y nos engañan; cuando venimos aquí con los papeles nos dicen que está mal o que no es ese”, explicó.
Dijo que para solicitar los papeles requeridos hay que tener el pasaporte y aunque lo solicitan y pagan RD$2,000 por él, no se lo entregan atribuyendo este hecho a un chantaje del gobierno haitiano.
“El gobierno nuestro no nos ayuda, estamos aquí pasando más trabajo de la cuenta; todo el que está aquí quiere estar legal. Para mí ellos tienen el pasaporte retenido para que uno pague más dinero cuando el proceso finalice”, dijo Yean.
Vivencias
Una de las quejas más frecuentes entre los haitianos es que hay una serie de buscones, incluyendo nacionales de su país, que se colocan en las filas desde tempranas horas para luego, al ver la desesperación, vender los puestos hasta por RD$1,000.
Denuncian que en muchos casos han tenido que pagar para acceder a las instalaciones donde se hacen las filas de recepción de documentos.
Los haitianos explicaron que los costos para regularizar su situación son muy altos, ya que, además de lo que deben pagar a los abogados, cada vez que dan un viaje desde sus lugares de residencia hasta las oficinas de recepción de documentos deben pagar pasajes. Además, indican, deben comer y los vendedores se aprovechan al fijar precios más altos de lo normal.
Pidieron a las autoridades que den más plazo para conseguir los documentos, pues su país no los ha ayudado lo suficiente.