Miembros del Congreso de Estados Unidos han expresado su preocupación por un aumento en el salario mínimo a US$15 la hora en la economía estadounidense, propuesto por el presidente Joe Biden, como parte del paquete de nuevas medidas de aumento en el gasto fiscal por valor de US$1,9 trillones para combatir los efectos adversos de la pandemia del covid-19, presentado recientemente al Congreso.
Dichos miembros señalan que este aumento dejaría sin empleo a un número considerable de personas en el sector privado, por el aumento en el gasto salarial y demás costos asociados al salario en el presupuesto de una empresa, tales como los recientes aumentos efectuados por los Estados que incluyen los pagos durante la licencia por enfermedad y cambios en los impuestos estatales, entre otros.
Hay que señalar que previamente a esta propuesta, 25 estados de la Unión Americana habían dispuesto el aumento de su salario mínimo durante el presente año, muchos con efectividad a partir del 1 de enero, uniéndose a ellos la Florida el próximo mes de septiembre. El mayor de los aumentos sería del 17% en este último estado. El salario mínimo federal se ha mantenido igual desde el 2009 y es de US$7,25 por hora laborada.
Los siguientes números muestran los cambios porcentuales entre el salario mínimo federal propuesto por el Ejecutivo, y el actual salario mínimo de los estados. Para 21 estados de la Unión, el aumento salarial sería igual o superior al 100% del valor actual; para 13 estados menor a 100%, pero mayor a 50%; para 11 estados igual o superior al 25% y solo en el Distrito de Columbia, su salario mínimo actual se igualaría al salario propuesto. Estos valores muestran un cambio apreciable en la modificación salarial, donde en más de dos terceras partes de los estados de la Unión, sus empresas estarán obligadas a aumentar sus salarios mínimos en valores superiores al 50%.
Esta decisión afectará, tanto a las empresas grandes, como a las pequeñas, y dado a que los aumentos son tan enormes generará un incremento en cascada hacia arriba, en las demás escalas salariales. Adicionalmente, igualar el salario mínimo a todos los estados, eliminaría una de las ventajas en políticas salariales de los estados del centro y del sur de la Unión, que las utilizan a través del pago de menores salarios como atractivo a la instalación de nuevas empresas para incrementar sus empleos y dinamizar sus actividades económicas. Los enormes cambios señalados que sufrirían los salarios mínimos en la mayoría de los estados de la Unión demuestran la correcta preocupación que tienen sus representantes sobre el impacto adverso que tendría dicho aumento sobre la sostenibilidad de los empleos y de las mismas empresas.
Mientras, por otra parte, los ingresos de las empresas están siendo afectados por un consumo e inversión privados que se ven estancados o reducidos por las restricciones en las actividades económicas impuestas por la pandemia. Solo hay que señalar que el aumento en el gasto fiscal para apoyar a las personas y empresas, acumulando un déficit fiscal equivalente al 17% del PIB, también ha generado un aumento en el déficit comercial de los Estados Unidos en el exterior, principalmente con China, debido entre otras causas, a las restricciones en las operaciones de las empresas domésticas que ha impuesto la pandemia. O sea, este gasto ha beneficiado a las empresas extranjeras, dada la caída en la producción americana que está imponiendo el combate a la pandemia.
Medidas compensatorias
Para compensar el efecto del aumento del gasto salarial en el sector privado sin que este signifique una pérdida de empleos o de empresas, el gobierno federal estadounidense, debería tomar acciones que anulen el efecto restrictivo sobre las empresas del aumento salarial en sus gastos, creando para los próximos dos años un crédito impositivo a las empresas igual al aumento de gastos generados por el aumento salarial. Este crédito permitiría a las empresas con problemas de liquidez recibir una compensación monetaria directa por vía fiscal o a través del crédito bancario, teniendo como garantía el monto en valor de la amnistía fiscal.
Por otra parte, el aumento del gasto fiscal en US$1,9 trillones generaría una apertura de oferta de empleo por el gasto dirigido a mejorar la infraestructura física del país, incrementando nuevos puestos de trabajo. Estas dos medidas; el crédito impositivo a las empresas privadas por un periodo mínimo de dos años o hasta que la economía esté experimentando una expansión post pandemia y el aumento del paquete de US$1,9 trillones en los gastos sociales, de salud, educación, y en los gastos de infraestructura del sector público, eliminarían el temor de los congresistas, pues serían medidas estimuladoras de mantener por un lado los actuales puestos de trabajo en el sector privado, y por otra parte de crear nuevos puestos en el sector público.
La aceleración económica también generará en el sector privado mayores ofertas de empleo post pandemia. Naturalmente, estos efectos positivos se darían en una economía estadounidense sin restricciones en la producción nacional, pues de lo contrario el gasto fiscal seguirá beneficiando a las importaciones de bienes terminados, y las empresas nacionales continuarán perdiendo empleos
