La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió este viernes que la reforma del sector eléctrico presentada esta semana en el Congreso mexicano es “profundamente preocupante” y amenaza el regreso del “monopolio en el sector eléctrico” que socavará la confianza de los inversores extranjeros en la economía mexicana.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Neil Herrington, aseguró en un comunicado que además, el proyecto de ley presentado “directamente viola los compromisos de México bajo el acuerdo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)”.
“Además, estos cambios de forma significativa aumentarán el coste de la electricidad y limitarán el acceso a la energía limpia para los ciudadanos mexicanos”, continuó Herrington.
El directivo de la Cámara de Comercio también señaló que el proyecto de ley “es el último de un modelo de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han socavado la confianza de los inversores extranjeros en el país en el preciso momento que México necesita más que nunca la inversión extranjera directa”.
“A medida que el país emerge de su peor contracción económica desde la Gran Depresión, nada será más vital para su recuperación que los empleos y crecimiento que Estados Unidos y otros inversores extranjeros generan”, explicó Herrington.
Finalmente, la Cámara de Comercio solicitó la retirada del proyecto de ley y el inicio de conversaciones con el sector privado para tratar “soluciones tangibles para impulsar el sector de la energía” en México.
El lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso el proyecto de ley para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, cuyo principal punto es que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal, sobre las centrales privadas de renovables.
Pero el miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México invalidó de forma parcial la nueva política de la Secretaría mexicana de Energía (Sener) que limitaba la generación privada de energías renovables para favorecer a la CFE.
