El comportamiento financiero de las empresas públicas parece ser un foco de atención para las finanzas del Estado, en especial por la magnitud de las transferencias requeridas por el sector eléctrico, que continúa representando la mayor fuente de vulnerabilidad fiscal. Así lo advierte el Informe de Riesgos Fiscales I–2025, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, el cual examina la exposición del Estado frente al desempeño de las empresas públicas no financieras.
Las empresas públicas ocupan una posición central dentro de la sostenibilidad fiscal del país. De acuerdo con la publicación, en República Dominicana existen actualmente 25 empresas públicas no financieras distribuidas en sectores estratégicos como energía, transporte, agua y comunicaciones, además de 10 entidades financieras estatales que operan bajo marcos regulatorios diferenciados. El documento explica que las empresas no financieras concentran los mayores riesgos fiscales “por su dependencia estructural de transferencias del Gobierno Central y la exposición a pasivos contingentes”, una situación que se repite en varios países de la región.
Como recuerda el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe State-Owned Enterprises: The Other Government (2020), las empresas estatales “pueden ser tanto una fuente de oportunidades como de vulnerabilidades fiscales”. El organismo estimó que, en una muestra de más de 30 países, alrededor del 40% de la deuda no identificada correspondía a pasivos contingentes asociados a empresas públicas, confirmando que este tipo de riesgos no es exclusivo de República Dominicana.
El Ministerio de Hacienda coincide en que la materialización de estos riesgos ocurre cuando las empresas estatales “recurrren al endeudamiento para sostener operaciones o proyectos de inversión, trasladando presiones a las finanzas públicas”. Factores como deficiencias operativas, variaciones macroeconómicas, cambios regulatorios o choques externos (como desastres naturales o crisis internacionales) pueden detonar la necesidad de un mayor apoyo fiscal.
Sector eléctrico
El informe identifica al sector eléctrico como el principal foco de riesgo fiscal, tanto por su desempeño financiero como por el volumen de las transferencias públicas que recibe. Según el documento, entre 2020 y 2024, los montos ejecutados por el Gobierno Central para cubrir compromisos del sector superaron de forma sistemática lo presupuestado, con un desvío crítico del 88% en 2022, asociado a la aprobación de líneas de crédito para las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).
Si bien en 2023 la brecha se redujo a 15%, en 2024 volvió a incrementarse a 19%, lo que refleja que las variaciones “responden a condiciones contingentes más que a una tendencia de consolidación”. Hacienda advierte que esta dinámica “confirma la dependencia estructural de las empresas públicas frente al presupuesto nacional”, lo que representa un riesgo directo para la sostenibilidad fiscal del país. La necesidad recurrente de apoyo financiero, señala el informe, “refleja tanto presiones coyunturales como debilidades estructurales en la gestión y autonomía financiera de las empresas estatales”.
En ese sentido, el documento concluye que “la exposición fiscal derivada de las empresas públicas requiere un monitoreo continuo y un fortalecimiento de su gobernanza financiera”, para evitar que los riesgos contingentes se transformen en pasivos reales sobre las cuentas del Estado.
