[dropcap]E[/dropcap]l Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) consideró necesario que República Dominicana reduzca las presiones migratorias hacia los grandes centros económicos del país, para lo cual propone diseñar un plan maestro de desarrollo de la frontera.
“Es necesario promover una gran acción pública y privada para crear empleos formales y dignos para los dominicanos y contener la inmigración indocumentada. Como sabemos, el desarrollo y dominicanización de la frontera es un viejo anhelo de política común a muchos gobiernos”, sostuvo Rafael Blanco Canto, durante el Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio el miércoles pasado.
Destacó que es dentro de este contexto y bajo esa filosofía que tiene cabida el apoyo que ese gremio ha dado a iniciativas económicas como las que impulsa el Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ), la cual es promovida por un conjunto de inversionistas y empresarios dominicanos y haitianos, bajo una modalidad de inversión público-privada binacional inclusiva.
Reafirmó el compromiso del Conep de continuar trabajando de manera proactiva de la mano con el gobierno y la sociedad, en la definición de políticas y programas que fortalezcan la economía, a fin de mantenerse en el camino hacia el crecimiento y la prosperidad.
Los empresarios, a través del Conep, también consideran impostergable la aprobación de una Ley de Garantías Electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación, la colocación de publicidad y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas.
Responsabilidad fiscal
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, considera necesario que se apruebe una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca reglas claras para el establecimiento y uso del presupuesto público, que ponga límites al endeudamiento y a los déficits fiscales.
A su entender, esto permitiría evitar la repetición de amargas experiencias del pasado que han costado miles de millones de pesos a los bolsillos de los contribuyentes, pues afirma que quienes usan los fondos públicos al margen de lo dispuesto por las reglas presupuestarias deben ser sancionados con todo el peso de la ley.
