[dropcap]L[/dropcap]os financiamientos internacionales que conceden algunas naciones a otras bajo determinadas condiciones, en ocasiones resultan en una competencia desleal para sectores específicos de la economía del país que recibe el crédito.
Es el caso de los denominados contratos “llave en mano”, que con los llamados bancos de fomento a las exportaciones (Eximbank) algunos países incentivan a sus productores en detrimento de las industrias de otras naciones.
El método consiste en lo siguiente: un país le concede un financiamiento, supuestamente blando y de rápido desembolso a otra nación, para construir una obra específica. En el contrato se establece que la empresa a construir la obra es originaria del Estado que concede el financiamiento.
Además, los materiales y bienes que se utilicen para la construcción de la obra serán en su mayoría de fabricación del país que concede el préstamo, independientemente de que en la nación que toma el crédito también haya empresas fabricantes de los mismos bienes y tal vez a menores costos.
Es como que usted vaya a un banco a tomar un préstamo para comprar una casa, pero el banco le dice que le dará el préstamo si es para comparar un solar propiedad del propio banco y si va a construir una casa debe usar los materiales de construcción de una empresa que también es filial del banco y todo lo que se compre con esos recursos deberá ser a empresas cuyo propietario es el mismo banco que le presta. Esa sería una condición injusta.
En el caso de los países que incentivan a sus sectores productivos con el otorgamiento de créditos a otras naciones bajo las condiciones mencionadas, la realidad es que no está mal, desde el punto de vista de esas naciones, pero si resulta perjudicial para el Estado que recibe el préstamo, pues si bien disfrutará de una obra de infraestructura importante, será a un costo muy elevado, que irá no solo en detrimento por el alto nivel de endeudamiento público, sino porque perjudicará a los sectores productivos internos que son los que a su vez generan empleos y pagan los impuestos que luego sirven para saldar la deuda en cuestión.
Eso fue lo que en parte expresó la vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, el pasado lunes durante una Rueda de Negocios con la Dirección de Compras Gubernamentales.
Esto es parte de lo que expresó Almánzar: “En ocasiones los gobiernos han aceptado préstamos para realizar obras del Estado bajo la condición de que deben realizar gran parte de sus compras de insumos a los países de donde provienen dichos préstamos. Es decir, tomamos prestado, pagamos intereses por esos préstamos y, además, nos vemos obligados a fortalecer la industria de esos países”.
Agregó que ese es un “buen negocio, pero para ellos”. En tal sentido, la dirigente empresarial no critica a los países que hacen eso, pero considera, entonces, que República Dominicana debería hacer lo mismo.
Pero además de ese tipo de prácticas que va en detrimento de los productores y productos nacionales, también están los mecanismos que aplican determinadas instituciones en las condiciones de las licitaciones de compra de bienes, donde incluyen especificaciones, requisitos y requerimientos que discriminan la producción local.
La AIRD considera contradictorio el hecho de que siendo el sector industrial competitivo en determinadas líneas de producción, los titulares de algunas instituciones gubernamentales favorecen las importaciones de bienes que se producen aquí con altos niveles de calidad.
“A veces no solo competimos en desigualdad de condiciones por prácticas desleales provenientes del exterior, sino también por debilidades nuestras que pueden y deben ser superadas”, planteó la vicepresidente ejecutiva de la AIRD.
Otra práctica sobre la que el Gobierno debe tener sumo cuidado es en las negociaciones de financiamientos o contratos por concesión, como ocurrió con la carretera Santo Domingo-Samaná, sobre la cual los usuarios pagan elevadísimos peajes y en forma adicional el Estado debe aportar una especie de peaje sombra que ronda los RD$2,000 millones anuales para completar lo que ha de ganarse la empresa colombiana que construyó la obra por un monto muy inferior a lo que ha aportado el Estado y el pueblo en los últimos siete años, y aun así, la concesión es por 30 años.
Una verdadera irregularidad que es necesario corregir cuanto antes.
