[dropcap]E[/dropcap]l juego de la oferta y la demanda es un proceso apasionante que marca el movimiento de los mercados con base en movimientos de mercados reales o creados artificialmente para provocar una reacción en el consumo.
Cuando un producto escasea tiende a aumentar de precio porque la demanda está por encima de la oferta y el consumidor se muestra dispuesto a pagar más por adquirirlo. Por el contrario, cuando un producto abunda en exceso, tiende a bajar de precio, porque el consumidor solo demandará la cantidad que necesita y no requerirá más de eso, a menos que sea provocado por la oferta de un precio más bajo.
Hay teóricos de la economía que presentan como mercado ideal a aquel que se rige por el libre juego de la oferta y la demanda, sin la intervención directa del Estado. Pero esa teoría tiene sus riesgos, pues la falta de controles podría provocar especulaciones hacia arriba o hacia abajo en perjuicio de los consumidores y del mercado.
La intervención del Estado como regulador se torna imprescindible, más cuando se trata de la responsabilidad de preservar un mercado ordenado donde ganen los productores y comerciantes, pero que a la vez los consumidores no resulten explotados.
Hay ocasiones en que el Estado debe intervenir directa o indirectamente para provocar precios topes en determinados productos, que eviten excesos en su valor en perjuicio de otros sectores.
Por ejemplo, los combustibles. El Estado es el que fija sus valores de venta en el precio máximo, no así en su precio mínimo, pues puede darse el caso de que un detallista decida sacrificar parte de sus márgenes de ganancia y venderlo un poco más barato, pero nunca más alto.
Eso generalmente no ocurre porque los actores del mercado (detallistas de gasolina) no tienen márgenes tan elevados, además de que entienden que lo igual no es ventaja y todos venden al precio tope fijado por la autoridad.
Pero también puede pasar a la inversa, que el Estado intervenga para que un determinado producto no se venda por debajo de sus niveles de costos y así evitar la quiebra de los productores.
En esos casos, lo que se hace no es fijar un precio mínimo, sino controlar el abastecimiento de ese bien en el mercado, a los fines de que nunca haya una abundancia que supere la capacidad de demanda de los consumidores.
Por ejemplo, la producción de arroz en el país se calcula con base en el consumo promedio anual, para que no se registren excedentes y así el precio se mantiene en un nivel equilibrado, que no resulte exageradamente alto para los consumidores, pero que tampoco se coloque muy bajo al punto que pueda afectar la rentabilidad y permanencia de los productores.
En el caso del arroz, su oferta interna proviene de un sector productor que no tiene la capacidad para competir en productividad y precio con otras naciones como China, donde ese es de tan bajo costo, que podría importarse y colocarse en el mercado local a un precio muy por debajo del que se vende el cereal producido en las fincas de República Dominicana.
El problema es que desplazar a los productores locales sería afectar a miles de familias que viven del cultivo, cosecha y comercialización de arroz nacional, además de que abastecer al país de arroz importado implicaría buscar los dólares para comprarlo fuera y luego venderlo aquí.
Esa situación, en un ambiente donde la producción local y generación interna de divisas es limitada, provocaría un aumento de la tasa de cambio, porque habría una sobredemanda de dólares en el mercado frente a una baja oferta de divisas que presionaría su cotización y afectaría la inflación.
Como se puede apreciar, la intervención de los Estados en el ordenamiento de los mercados no es negativa y por lo general se torna necesaria, especialmente en la producción y comercialización de determinados bienes y servicios que son imprescindibles para la población y que no pueden ser colocados a precios que sobrepasen la capacidad de consumo.
Entre esos servicios está el de energía eléctrica, cuya tarifa se mantiene congelada por parte del Gobierno para evitar pérdidas extraordinarias al Estado y excesos de costos a los consumidores.
