[dropcap]L[/dropcap]a decisión del Gobierno de comprar la deuda de Petrocaribe, proceso que bien manejó el Ministerio de Hacienda, fue respaldada por todos los sectores importantes del país.
La administración del presidente Danilo Medina ha tomado muchas decisiones que demuestran su voluntad política para resolver algunos de los problemas más acuciantes. Eso hay que aplaudirlo.
Sin embargo, el subsidio eléctrico se mantiene como el gran lastre. Los generadores, por un lado, reclaman el pago de más de US$850 millones. Si no reciben el dinero se quedan sin combustible y, por vía de consecuencia, aparecerán los apagones financieros. Y hay que pagarles.
Los usuarios y clientes de las distribuidoras de electricidad, por otro lado, se han acostumbrado a no pagar o a pagar parcialmente el servicio que reciben, con la consecuente carga financiera que eso significa para el Estado. ¿Quién tiene la culpa? Todos los gobiernos, por temor a las consecuencias políticas, tienen algún grado o nivel de responsabilidad.
¿Qué debemos hacer? Poco a poco habrá que hacerle entender a la gente que generar electricidad cuesta caro y que el Estado no debe mantener la tan pesada carga del subsidio eléctrico sobre sus hombros. ¿Cómo hacerlo? Dando a cada quien lo que merece. Cada dominicano, por más pobre o rico que sea, sabe que la electricidad es un servicio que cuesta mucho dinero producirlo.
El Estado debe pagar la deuda a los generadores, pero al mismo tiempo debe evitar caer en el círculo vicioso de endeudarse de nuevo. Las distribuidoras deben “rascarse con sus propias uñas” y sus administradores demostrar que son buenos gerentes, que pueden cobrar la electricidad que sirven y detectar los fraudes en sus redes.
No sabemos qué ha pasado con la Procuraduría Adjunta Contra el Fraude Eléctrico. Quien esté al frente debe saber que bajo su responsabilidad está que mejore la gestión vía la eliminación de fraude y posterior sometimiento a la justicia de los infractores. ¿Hasta cuándo el calvario?
