La Unión Europea (UE) dio este viernes el pistoletazo de salida a un esfuerzo conjunto de reconstrucción económica sin precedentes tras la crisis generada por la pandemia, al firmar la legislación que permitirá conceder €672,500 millones en ayudas financiadas con la emisión de deuda común.
Una vez estas normas entren en vigor la semana próxima, los países podrán presentar oficialmente a la Comisión Europea sus planes de recuperación y el objetivo es que los primeros estén aprobados para finales de abril y que, a principios de verano, empiecen a llegar los fondos.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, que preside este semestre el Consejo de la UE, rubricaron la regulación del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en una ceremonia en la que también participó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Se trata de la piedra angular del Fondo de Recuperación de €750,000 millones acordado por la UE y está destinada a ayudar a los países, especialmente a los más afectados por el covid-19, a realizar reformas e inversiones que les permitan salir de la crisis y, al mismo tiempo, reforzar y transformar sus economías de cara al futuro.
A España le corresponden €69,528 millones en subvenciones a fondo perdido -es la primera beneficiaria de estas- y casi €85,000 millones en préstamos si decide solicitarlos.
“Es un enorme paso adelante, un paso histórico, que todos los Estados hayan actuado juntos para que la Comisión pueda conseguir dinero en el mercado e invertirlo en prioridades europeas”, dijo Von der Leyen en una rueda de prensa tras la firma en Bruselas.
El fondo “es algo más que dinero, es un mensaje de solidaridad y de confianza en la Unión Europea, porque (…) ningún Estado habría podido controlar esta crisis económica solo”, añadió.
Para financiarlo la Comisión Europea emitirá deuda en los mercados con el respaldo de los márgenes del presupuesto de la UE, algo que solo ha hecho en contadas ocasiones y cantidades muy pequeñas. Además, cerca de la mitad de las ayudas se concederán en forma de transferencias a fondo perdido.
“Es el plan más innovador que hemos tenido nunca para gestionar la crisis más difícil que hemos afrontado nunca. Es tiempo de cumplir”, dijo Costa.
Pisar el acelerador
Está previsto que la regulación entre en vigor el 19 de febrero, lo que abrirá el plazo para que los Gobiernos remitan oficialmente sus planes de recuperación a la Comisión, con la que muchos -incluida España- llevan semanas discutiendo sus borradores.
La ambición, explicó Costa, es que los primeros planes estén aprobados “antes del final de abril” de forma que “al inicio del verano” se puedan empezar a desembolsar las primeras ayudas.
Sin embargo, ningún pago podrá efectuarse si la Comisión no emite deuda, y eso requiere que los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros ratifiquen la legislación que le permitirá hacerlo.
De momento, solo seis han completado este trámite imprescindible, por lo que Von der Leyen, Sassoli y Costa urgieron a acelerar el proceso.
“No podemos permitirnos perder más tiempo”, insistió Costa, quien confió en que para “finales del primer trimestre” del año se haya completado esta “vital” ratificación.
“Creo que tenemos que tener confianza, pero también actuar rápido”, dijo por su parte Sassoli, quien recordó que “todos los Gobiernos, con mayorías parlamentarias, han aprobado compromisos presupuestarios” e instó a “acelerar el proceso porque los ciudadanos no pueden esperar”.
Von der Leyen afirmó que la Comisión irá a los mercados tan pronto como pueda hacerlo, con el fin de que “a mediados de año” se hagan los primeros desembolsos.
Los países pueden recibir un adelanto del 13% de su asignación (unos €9,000 millones en el caso de España) en cuanto sus planes sean aprobados por la Comisión y el Consejo (una mayoría cualificada de Estados), mientras que los desembolsos posteriores dependerán de que se implemente el plan según lo pactado.
España lleva semanas discutiendo con Bruselas sobre el borrador de su plan de recuperación, que contempla unas 170 medidas, incluidas reformas del mercado laboral y de pensiones, y, según ambas partes, el trabajo está muy avanzado.
El objetivo del Gobierno es enviar la versión definitiva “lo antes posible”, pero aún quedan por “cerrar algunos flecos con la Comisión” por lo que habrá que ver si se logra “a finales de febrero o ya en marzo”, según fuentes del ministerio de Economía.
