El Gobierno de Chile mostró este martes su rechazo al proyecto de un tercer retiro anticipado del 10 de los fondos de pensiones como una medida para afrontar la crisis económica por la pandemia y afirmó que es una iniciativa que no ayuda “a los más pobres”.
“A las personas más vulnerables no les quedan fondos en las cuentas y, desde ese punto de vista, es una política que creemos que es bastante regresiva, no enfocada en los más pobres”, aseveró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
En marzo, tras el receso legislativo por las vacaciones de verano, el Parlamento chileno retomará la discusión de dos proyectos que buscan hacer posible un nuevo retiro de un 10% de los fondos de las cuentas de ahorro individual sin ninguna carga tributaria y que se convertiría en el tercer retiro en menos de un año.
Presentados por el Partido Regionalista Verde, de oposición, y por la diputada Pamela Jiles, autora de una iniciativa similar que el año pasado fue llevada al Tribunal Constitucional por el Gobierno, ambos proyectos buscan aliviar las economías domésticas melladas por la pandemia del covid-19.
En julio de 2020 se aprobó de forma inédita un primer retiro de un 10% de los fondos previsionales, y se beneficiaron de él un 94.4% de los 11 millones de afiliados al sistema.
Los pagos realizados por las administradoras alcanzaron los US$16,000 millones, según la Superintendencia, y pese al rechazo frontal del Gobierno a aprobar la medida, luego se reconoció desde el oficialismo que tuvo impactos positivos en el consumo.
El pasado 3 de diciembre se aprobó el segundo, un proyecto promovido por el propio Ejecutivo que permitía retirar otro único 10%, pero que gravaba con impuestos la retirada de fondos a partir de 1.5 millones de pesos (cerca de US$2,000).
La viabilidad de un nuevo retiro ha generado debate: mientras que el oficialismo señala que cerca de 2 millones de personas ya se quedaron sin fondos y que sería una forma de hipotecar su futuro, los defensores opinan que la pandemia está durando más de lo previsto y que es necesario para avanzar en la reactivación de la economía, que se estima cayó cerca de un 6% en 2020.
La contrapropuesta del Ejecutivo es, en tanto, acelerar un acuerdo parlamentario para reformar el criticado sistema de pensiones.
“Nuestro interés es que ojalá logremos subir esas pensiones en el corto plazo, por eso estamos tratando de llegar a acuerdos de dialogar y tener un trámite expedito en el Congreso”, agregó Cerda.
Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, Sebastián Piñera, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno fue pionero en establecer la capitalización individual del trabajador y se replicó en otros países latinoamericanos.
Los fondos son gestionados por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.
La transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones es una de las principales demandas de la ola de protestas que estallaron hace más de un año y que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
