La propuesta de permitir que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) inviertan parte de los recursos de los trabajadores dominicanos en instrumentos financieros del extranjero ha abierto un debate de gran relevancia para el sistema previsional y para la economía nacional.
La iniciativa, planteada como alternativa para diversificar riesgos y ampliar las oportunidades de inversión, ha encontrado respaldo en algunos sectores; mientras, otros consideran que sus implicaciones deben analizarse con mayor profundidad antes de impulsar cualquier modificación a la normativa vigente.
Para el economista y consultor financiero Jesús Geraldo Martínez, el punto central de la discusión no debe limitarse a los posibles beneficios de la diversificación internacional, sino a la responsabilidad de proteger un ahorro que pertenece exclusivamente a los trabajadores.
“La envoltura es simpática: si las familias ricas invierten afuera, ¿por qué no los trabajadores? Pero debajo de esa envoltura hay una decisión de enorme calado que nadie ha consultado con quienes son los únicos dueños de ese dinero: los trabajadores”, expresa Jesús Geraldo Martínez a elDinero.
El especialista recuerda que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), establece que los fondos de pensiones son producto del ahorro nacional y que deben invertirse en el territorio dominicano.
Asimismo, señala que la legislación contempla la posibilidad de realizar inversiones en el exterior, pero únicamente con la aprobación previa del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), organismo en el que participan representantes del Gobierno, empleadores, gremios profesionales y trabajadores.
Martínez sostiene que esta disposición legal responde a una visión específica sobre el papel de los fondos previsionales en el desarrollo económico del país. Según explica, el propio artículo 96 de la ley establece que, en igualdad de condiciones de rentabilidad y riesgo, las AFP deben priorizar inversiones que promuevan empleo, vivienda y actividades productivas vinculadas a la industria y al sector agropecuario.
Un sistema con contrapesos
El economista destaca que el marco institucional vigente incorpora diversos mecanismos de supervisión y control. Entre ellos figura la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, integrada por representantes de los principales organismos reguladores del sistema financiero y por un representante técnico de los afiliados.
De acuerdo con Martínez, esta estructura busca garantizar que las decisiones relacionadas con el destino de los fondos sean evaluadas desde múltiples perspectivas. La Superintendencia de Pensiones vela por la protección de los afiliados; el Banco Central aporta su visión sobre estabilidad monetaria y cambiaria; mientras que las demás entidades participantes contribuyen desde los ámbitos bancario, asegurador y del mercado de valores. Además, las decisiones deben adoptarse por mayoría absoluta y publicarse públicamente, fortaleciendo la transparencia del sistema.
Otro aspecto que considera fundamental es la naturaleza de las obligaciones que respaldan esos recursos. Subraya que las pensiones se pagan en pesos dominicanos, por lo que una inversión significativa en activos denominados en dólares implicaría asumir riesgos cambiarios que tendrían que ser administrados adecuadamente. En ese sentido, señala que cualquier evaluación debe tomar en cuenta el impacto que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener sobre el valor de los fondos acumulados.
Asimismo, advierte que los mercados internacionales también están expuestos a episodios de volatilidad. Tanto las acciones como los bonos han registrado pérdidas importantes en distintos momentos de las últimas décadas, lo que demuestra que la diversificación internacional no elimina los riesgos inherentes a las inversiones financieras.
Martínez también señala que una eventual estrategia de inversión en el exterior tendría costos asociados, incluyendo gastos de gestión, custodia y supervisión. A su juicio, estos elementos forman parte del análisis que debe realizarse antes de modificar la arquitectura actual del sistema previsional.
Indica que la propuesta de destinar al menos el 10% del ahorro previsional de los trabajadores dominicanos para que salga del país y comprar acciones y bonos de empresas globales, supone unos RD$132,000 millones, alrededor de US$2,250 millones.
Desde una perspectiva más amplia, el economista considera que los fondos de pensiones han desempeñado un papel relevante en el desarrollo del mercado de capitales dominicano. Estos recursos han servido como fuente de financiamiento para proyectos vinculados a infraestructura, vivienda, energía y otras actividades económicas.
Por ello, entiende que uno de los principales desafíos consiste en ampliar la cantidad de instrumentos financieros disponibles en el mercado local y fortalecer los niveles de transparencia y profundidad del sistema.
Martínez afirma que los trabajadores tienen pleno derecho a exigir información clara sobre el manejo de sus recursos, las comisiones cobradas por las AFP y la rentabilidad real obtenida por sus cuentas individuales.
Sin embargo, insiste en que cualquier propuesta relacionada con inversiones en el exterior debe evaluarse dentro del marco legal vigente y considerando sus efectos sobre los afiliados, el sistema de pensiones y la economía nacional.
Para el economista y consultor financiero, el objetivo principal debe seguir siendo la protección del ahorro previsional, la sostenibilidad de las futuras pensiones y el fortalecimiento de un modelo que garantice seguridad y estabilidad a quienes han construido esos recursos durante años de trabajo.
