El proyecto de ley con el que el presidente de EE.UU., Joe Biden, busca promover una ambiciosa reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.
Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son los patrocinadores de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, la propuesta bandera con la que el Gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.
La amplia iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los “soñadores”, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) -que en su mayoría proceden de Centroamérica- y los trabajadores agrícolas inmigrantes.
Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.
Un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama -quien tuvo como vicepresidente a Biden-, pero naufragó en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.
Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos.
De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.
“Arreglar” el sistema migratorio, tras Trump
“Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro Gobierno”, dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual.
“Y parte de ese mandato -agregó- es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump”.
Como uno de los más veteranos en el Congreso, Menéndez señaló que la razón por la que no se ha conseguido una reforma migratoria es porque una y otra vez han “capitulado demasiado rápido a las voces marginales que se han negado a aceptar la humanidad y las contribuciones de los inmigrantes”.
Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son “la mayor minoría racial y étnica del país”.
En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos -un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria-, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración “que permita a la gente vivir sin miedo”.
“Vinieron (sus padres) a este país y trabajaron duro y se sacrificaron cada día para mantenernos a mí y a mis hermanos”, relató la legisladora, cuya hermana, Loretta Sanchez, fue también congresista en el pasado.
Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz e Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.
Ocho años para lograr la ciudadanía
El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente (conocida por su nombre en inglés “green card”).
Para los “soñadores”, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de “inmediato” y tres años más tarde la ciudadanía.
Será un requisito fundamental para estas personas “haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021”.
El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U (que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental).
Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término “extranjero” por “no ciudadano” y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.
Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a EE.UU. desde México.
También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EE.UU.; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó este jueves en una llamada con periodistas que espera que más conservadores se sumen a los patrocinadores de este proyecto, al indicar que “históricamente este ha sido un tema con el que los demócratas y republicanos están comprometidos”.
En ese sentido, adelantó que será necesario que haya negociaciones al respecto.
Y zanjó: Biden “cree que la modernización de nuestro sistema de inmigración es una prioridad absoluta para el país”.
