La llamada “nacionalización” de las compras y contrataciones del Estado refleja una política mercantilista, mediante la cual el gobierno de turno de un Estado promulga una política económica que favorece la adquisición de insumos producidos en ese mismo país. La noción que se persigue es que, favoreciendo a los productores nacionales, se mejorará la base de producción de la economía local y, por ende, la base productiva a largo plazo del país aumentará.
A modo de ejemplo, recientemente en Estados Unidos se firmó una orden ejecutiva mediante la cual se dirigía a las agencias federales a “reforzar los procesos para priorizar la compra de productos y servicios” que se originen en dicho país. Aunque este es un ejemplo reciente, otros países como China, la India y algunos más, tienen políticas parecidas (la Unión Europea, de manera muy interesante, por el contrario, prohíbe este tipo de preferencia).
Pero el clamor por este tipo de política no es universal. Muchos economistas y expertos en asuntos de políticas públicas señalan que tienen como consecuencia que los precios pagados por el Estado son más altos de lo que deben ser. Como consecuencia, los gastos del sector público son más elevados y no tienen el mismo alcance, lo que tendría un efecto negativo a largo plazo para el país donde se aplica.
Otro aspecto que se puede cuestionar de esta estrategia es que muchos de los países que abogan por transparencia y libre competencia en compras y contrataciones del Estado, como el nuestro, establecen políticas contrarias en sus propios mercados nacionales. De hecho, ciertos tratados de libre comercio o tratados de inversión bilateral establecen la obligación de los Estados contratantes de otorgar “trato nacional” a las empresas del país contrario, lo que evidencia una cierta inconsistencia en las políticas económicas que se manifiestan por estos Estados. Asimismo, la tendencia en materia de tratados internacionales ha sido hacia mayor liberalización en los mercados, no de favorecer a los productores nacionales.
De hecho, nuestra Ley de Compras y Contrataciones Públicas, así como múltiples leyes en nuestro país, establecen que los productores e inversionistas internacionales deben recibir trato igualitario a los nacionales. La única ventaja que se reconoce en la contratación por el Estado en nuestro país es para las pequeñas y medianas empresas, las cuales típicamente no suplen necesidades que son de interés de grandes empresas multinacionales (por el volumen requerido), por lo que no suelen competir entre sí y, por eso, no se refleja una política contradictoria.
La única forma de asegurar que los impuestos pagados por los contribuyentes de cada Estado sean utilizados de manera eficiente es garantizando una libre y leal competencia entre los ofertantes de los diversos bienes y servicios que deben contratar las diversas entidades estatales. La llamada “nacionalización” de las compras del Estado, de las cuales reiteramos no son políticas típicamente abogadas por naciones en vías de desarrollo como nuestro país, sino países con economías desarrolladas, es un camino erróneo que no conduce al desarrollo ni a la eficiencia de las compras gubernamentales.
