Recordamos que, estando en la Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Energía y Minas, nos sorprendió la designación presidencial del año 2019 como el de la Innovación y Competitividad. De inmediato varios organismos del Estado se pusieron a pensar cómo podrían mostrar logros o iniciativas innovadoras en sus ámbitos de competencias de ley.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), modernizada durante la estupenda gestión del excelente profesional y buen amigo Pablo Tactuk, se impuso la tarea de identificación de los avances nacionales en materia de innovación en cuanto a la “…aplicación o promoción de nuevas formas de producción de bienes y servicios, sean resultado de mejoras de procesos, organizativas o mercadológicas”.
De entrada, el meritorio esfuerzo hace énfasis en la innovación como proceso, o lo que es lo mismo, “…a la forma en que la innovación se ha concebido y se produce, a las diferentes etapas que llevan a ello (creatividad, comercialización, investigación y desarrollo, concepción, producción y distribución) y a su articulación” (Libro Verde de la Innovación, 1995).
Es así como el proceso de innovación se diferencia, guardando una relación bidireccional indisoluble, con su resultado (output) que “…hace referencia al producto, procedimiento o servicio nuevo”.
Dicho sea, esta distinción nos lleva a la “innovación radical o de ruptura (como el lanzamiento de una nueva vacuna, del disco compacto)”, a diferencia de “la innovación progresiva, la cual modifica, por medio de mejoras sucesivas, los productos, procedimientos y servicios (por ejemplo, la introducción de los microprocesadores de 32 bits sustituyendo a los de 16 bits en los equipos electrónicos o la de la bolsa inflable en los automóviles)” (misma fuente).
Volvamos al comienzo. El estudio de la ONE “Informe Final: Diagnóstico Nacional de Innovación” es un diagnóstico de carácter cualitativo y revela algunos tópicos importantes de la realidad nacional.
Por ejemplo, nos dice que el sector productivo parece limitarse al esfuerzo de estandarización de sus sistemas de gestión, sin presentar evidencias de innovaciones radicales o progresivas que hayan impactado fehacientemente su capacidad competitiva.
Aquí es justo es reconocer que algunos cambios en la cultura empresarial fueron inducidos (o alentados) desde la Administración, por ejemplo, los eventuales progresos en la vinculación Universidad-Empresa.
Lo mismo es válido para el fomento de los centros de investigación aplicada y apoyo empresarial en las universidades de la delantera.
En cuanto a la Administración, la mayoría de sus instituciones se distinguen hoy por nuevas prácticas de atención al ciudadano, que es una reforma que se inició en 1996 y se interrumpió-retrocedió- abruptamente en el año 2000); mejoras organizacionales; compras de software asociadas al cambio tecnológico en la oferta de los servicios; implantación de sistemas de gestión de la calidad certificados, evaluación del desempeño de clase global y loables prácticas promisorias.
Difícilmente podamos clasificar todos estos notables avances como “innovaciones”, más bien son parte de un proceso de modernización de la Administración que incorpora de manera sostenida prácticas, procesos, normas y procedimientos de gestión administrativa, de control interno, calidad y de TIC hace mucho tiempo ensayadas en otras naciones.
Este y otros esfuerzos investigativos ponen de manifiesto que el empresario dominicano debe hacer un mayor énfasis en el componente tecnológico de la innovación que, si bien no es el único, es decididamente determinante en la creación, fabricación y distribución de los productos y servicios.
Una conclusión general se puede extraer del estudio de marras: el dominio de las competencias científicas y técnicas debe ser la prioridad nacional para generar progresos técnicos y también para comprender y utilizar las nuevas tecnologías sea cual sea su origen.
Para dar ese paso debemos impulsar una visión renovada de la calidad del sistema educativo dominicano, así como seguir fortaleciendo las actividades de investigación aplicada en los centros académicos, función clave que enfrenta serias limitaciones financieras y carece de los necesarios incentivos estatales.
