Un contrato que ha arrastrado ya a cuatro administraciones de gobierno diferentes se ha convertido en un pesado lastre para la sociedad dominicana que al final de cuentas paga los platos rotos. Y es que esto no puede quedarse impune, tiene que haber consecuencias. Ese es el grito de toda la sociedad, que paguen los culpables que metieron al país en este tollo financiero que tiene graves consecuencias económicas para el presente y futuro de nuestro país.
No solo ha sido gravoso y oneroso para el estado dominicano, sino que también los propios usuarios pagan un peaje altamente costoso, el más caro del país.
Al hablar a la nación el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader, anunció que se están buscando las vías legales para poner solución al “peaje sombra” de la Autopista del Nordeste, contratación que el mandatario calificó como “infame y que ha representado un gran peso económico para el país”. Reveló que el Estado se ha visto en la obligación de pagar hasta la fecha RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria y que solo en este año 2021 exigen el pago de RD$7,000 millones por ese concepto”.
Este peaje sombra se estaría pagando a lo largo de los 30 años, hasta el 2038, siempre que el flujo vehicular no genere suficientes ingresos para mantener el equilibrio económico y financiero del contrato. La obra como tal, se estima que costó 10 mil 974 millones de pesos.
El Contrato de Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento de la Autopista del Nordeste, cuya extensión es de 106 kilómetros, fue firmado por el entonces Ministro de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, con la concesionaria Autopista del Nordeste CxA bajo la administración del presidente Hipólito Mejia, en el 2001 y aprobado por el Congreso Nacional en el 2002. La primera fase se construye del 2006 al 2008 y la segunda fase del 2009 al 2011, durante la administración del entonces presidente Leonel Fernández.
En la administración Fernández se le otorga un poder al entonces Ministro de Obras públicas, Victor Díaz Rúa para modificar el contrato. Luego la administración del presidente Danilo Medina continuó administrando este contrato sin tomar ninguna acción y pasa a las manos de la presente administración.
Ahora hay una garata de los políticos oficiales y de la oposición por culparse mutuamente por esta gran estafa para el país.
El estudio de tráfico que se hizo para dicha autopista estableció que, por esa vía al término de tres años, luego de su terminación, iban a transitar unos 30 mil vehículos diarios, sin embargo, al día de hoy, 14 años después de su construcción, solo transitan 7,500 vehículos diarios. Dicho estudio que fue hecho por la compañía de origen estadounidense Louis Berger Group en 2005, sirvió de base para que se aprobara el contrato.
El referido estudio estableció que el pago de peaje sombra solamente se realizaría durante siete años, desde el 2008 hasta el 2015, y que luego de esos siete años, el flujo de vehículos sería suficiente, pronostico que no se ha cumplido nunca.
Con estos escalofriantes números, todos tenemos que plantarnos a una sola voz en que tiene que buscársele una solución que le quite este peso de encima a la sociedad dominicana.
Una solución que implique todas las vías de hecho y derecho. Con los 26 mil millones de pesos que se ha pagado en sobre costo financiero y económico para el país, muchas grandes obras se hubiesen realizado y no solo eso, sino el hecho de que la misma construcción en si de la carretera también ha sido cuestionada por su mala calidad y por el diseño de ingeniera que no ha sido el más seguro.
Esta mala experiencia no puede quedar como un simple episodio que se resuelva con la renegociación del contrato, tiene que haber una profunda investigación, con un peritaje técnico y académico, así como con los mejores fiscales que permita desenredar la compleja madeja y la trama que hubo detrás de esta ominosa contratación.
