El pasado 27 de febrero el presidente Luis Abinader anunció la revisión de contrato de concesión de la autopista Juan Pablo II, conocida como autovía Santo Domingo-Samaná, debido a que su operación implica un elevadísimo costo para el Estado, a través de un “peaje sombra”, al que se agregan las altas tarifas del derecho de circulación que pagan los usuarios.
Posteriormente, el mandatario anunció la contratación de los servicios profesionales del doctor Enmanuel Esquea Guerrero, reconocido abogado y exconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, para analizar las implicaciones jurídicas de este contrato y la forma en que pudiera ser modificado o anulado.
Sin embargo, han pasado cuatro meses y todavía no se conoce de ningún informe al respecto. Se pudiera decir que eso se toma su tiempo, pero también se puede deducir que por lo menos 100 días es más que suficiente para analizar un documento contractual. Ojalá que lo anunciado no se quede en anuncio.
