El sector agrícola dominicano no podrá alcanzar niveles reales de competitividad sin una transformación profunda en sus modelos de producción, advirtió José Jáquez, quien es miembro de la directiva de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).
Durante su participación en el Cuarto Congreso Nacional de Productores Agropecuarios, Jáquez cuestionó que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 siga como tarea pendiente en el país. Señaló que, aunque esta normativa plantea un modelo sostenible y participativo, muchos de sus ejes fundamentales no se han traducido en acciones concretas en el campo.
También se refirió a la implementación de la Ley 368-22 de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Si bien reconoció avances en su aplicación, advirtió que el proceso se ha iniciado “por el lado equivocado”.
Explicó que las alcaldías, responsables de los planes de ordenamiento territorial, han priorizado la emisión de permisos de construcción impulsadas por intereses financieros municipales, en lugar de proteger la vocación agrícola de los terrenos.
Ante este escenario, Jáquez planteó la necesidad de que el Ministerio de Agricultura asuma la responsabilidad de certificar el uso adecuado de los suelos y resguardar las áreas productivas frente al avance de la expansión urbana.
Regiones únicas
Indicó, además, que el país cuenta con un plan para definir legalmente qué se debe sembrar y en qué zonas, en función de las características productivas del territorio. No obstante, subrayó que su ejecución sigue pendiente de una decisión política al más alto nivel.
“Ya tenemos establecidas 10 regiones únicas en el país, por lo que debemos estructurar cualquier tipo de planificación en ese sentido”, afirmó.
Jáquez advirtió que la falta de articulación entre políticas públicas, ordenamiento territorial y planificación agrícola pone en riesgo la seguridad alimentaria y la capacidad de abastecimiento de sectores clave.
En ese sentido, insistió en que avanzar hacia un modelo productivo más eficiente y sostenible requiere no solo de marcos legales adecuados, sino de voluntad política para aplicarlos de manera coherente y oportuna.
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