Recientemente, han surgido numerosos artículos y reseñas periodísticas nacionales sobre los conflictos que ha suscitado la entrada al mercado del transporte terrestre de plataformas vía Internet. En concreto, la “vieja” economía de transporte ha determinado que la “nueva” economía, que ofrece sus servicios vía Internet y conectando al proveedor del servicio directamente con el consumidor, representa un desafío a su supervivencia a largo plazo, generando dificultades entre ambos.
En sentido muy amplio, la “nueva” economía ofrece servicios con el uso de aplicaciones (app) disponibles en su dispositivo móvil, que representan un reordenamiento de la típica estructura de brindar esos servicios. Por ejemplo, en el caso del transporte terrestre, tenemos a compañías como DiDi, Uber y Lyft (entre otras), las cuales son enormes, pero todos sus “choferes” son una especie de contratistas independientes que ofrecen sus servicios en la plataforma sin ser empleados por ésta.
En primer término, el desafío regulatorio causado por estas empresas se ha enfocado en el ámbito laboral, ya que representan un cambio fundamental al tradicional sistema de distribución del trabajo en la economía. Si bien es cierto que no podemos decir que los retos generados en este ámbito han sido completamente determinados, con el paso del tiempo la doctrina jurídica se ha venido ajustando a la nueva estructura laboral.
Otro elemento que ha causado mucha fricción es el tema impositivo, ya que las plataformas vía Internet no suelen tener residencia fiscal en todos los países en los que ofrecen servicios (en algún país la tendrán). Esto ha llevado a que las autoridades fiscales y legislativas en muchos países traten de identificar formas de gravar estos servicios en su territorio, sin que todavía tengamos una respuesta clara de cómo se haría.
En el caso de los servicios de transporte, resulta evidente que las tradicionales empresas de taxi han objetado a los nuevos, bajo la premisa de que no cumplen con los mismos requisitos de seguridad ofrecidos por los tradicionales proveedores. Igual ocurre con los servicios de alojamiento, con nuevas empresas como “Airbnb” brindando la oportunidad a personas de alquilar su hogar o habitaciones.
Pero en sentido más amplio, se puede concluir que el gran desafío de estos servicios, que todavía está en vías de definición, es la disrupción en la economía existente -la “vieja” economía- que pudiera ser causada por estos servicios.
Por igual, además de reclamar que los “nuevos” servicios no cumplen con los requisitos regulatorios de rigor, también se alega que su posición fiscal representa una competencia desleal o, al menos, una importante ventaja frente a los otros proveedores de servicios.
Uno de los grandes desafíos en materia regulatoria será encontrar un punto medio que permita que la “nueva” economía, que representa una gran conveniencia para sus usuarios, pueda convivir con la “vieja” economía. Será una gran tarea de los próximos años, en la cual deberán participar todos los sectores de la sociedad.
