El Gobierno de Ecuador presentó un diagnóstico sobre el sistema de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Seguridad Social, y sugirió reformas impostergables ante su eventual insostenibilidad en el corto plazo.
El estudio, presentado por el Ministerio de Economía y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue anunciado a falta de un mes para que concluya el mandato del presidente Lenín Moreno, que el 24 de mayo entregará el poder al conservador Guillermo Lasso.
El plan de campaña de Lasso sugiere unas “reformas estructurales” a la seguridad social para alcanzar una jubilación justa para los trabajadores con base en una nueva normativa en la que comulguen el sistema de aportes y el ahorro privado.
El diagnóstico, elaborado bajo el auspicio del Banco Mundial por un equipo de expertos coordinados por el expresidente del Banco Central de Ecuador y execonomista del Fondo Monetario Internacional (FMI) Augusto de la Torre, servirá para elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social en materia de pensiones.
Esas reformas serán entregadas al futuro gobernante, indicó el Ministerio de Economía en un comunicado.
Según el estudio, la reforma al sistema de pensiones es “impostergable” debido a múltiples factores como la evolución demográfica, pues cada vez hay menos cotizantes y la expectativa de vida de los jubilados va en aumento.
Además, el diagnóstico señala que el subsidio o ayuda estatal que se entrega al sistema de pensiones IVM “es inequitativo” y “crece rápidamente impulsado por una combinación de bajos aportes, altas prestaciones, alto nivel de la pensión máxima y el aumento empinado de prestaciones por año de cotización”.
Por ello, el estudio advierte que “las reservas líquidas del IVM pueden, por tanto, agotarse en el corto plazo” y volver al sistema “financieramente inviable y fiscalmente insostenible”.
Además, sostiene que el IVM presenta un déficit creciente, si se comparan los aportes y los pago de prestaciones, por lo que “no puede financiarse por mucho tiempo más”, se mencionó en el estudio.
En consecuencia, el estudio consideró que sin una reforma “el déficit del IVM se llevaría una tajada creciente del ingreso tributario o reduciría asignaciones fiscales para otros gastos sociales prioritarios”.
Por eso consideró que si el Gobierno no pudiera transferir al IESS más de US$1,000 millones por año, en efectivo, las reservas líquidas del IVM se agotarían en menos dos años.
“En conclusión, si el sistema no se reforma, en dos a tres años será muy difícil para el IVM honrar las prestaciones”, se alerta en el diagnóstico.
