En su reciente presentación ante la Cumbre Iberoamericana, el presidente Luis Abinader advirtió sobre la posibilidad de que una crisis financiera le siguiera a la actual crisis económica generada por la pandemia. Esta crisis sería como consecuencia del alto endeudamiento incurrido por los países para hacerle frente a los enormes déficits fiscales por las caídas de los ingresos y aumentos de los gastos.
El Presidente tiene razón en que hacerle frente a esta situación fiscal podría provocar crisis financieras a nivel de los países. Es importante recordar que en esta oportunidad la actual crisis no se originó en el sector financiero/bancario y que, contrario a la del 2009, en esta crisis este sector ha salido fortalecido, inundado de efectivo, siendo de los pocos sectores que obtuvieron ganancias apreciables en los países desarrollados y en el nuestro. Así que, no es por este sector donde surgirá alguna crisis.
Ahora bien, yo tengo mi hipótesis que debe de ser diferente a la del señor Presidente. Durante 57 años la economía dominicana fracasó en lograr desarrollar instrumentos de formación de ahorros financieros de largo plazo. Para los economistas que laborábamos en el Banco Central en los años sesenta y setenta del siglo pasado, ese tema era casi una obsesión en los estudios de investigación desarrollados. Y en ocasiones cuando había necesidades de financiar algún proyecto público grande, se creaban bonos de captación a atractivas tasas y con vencimientos en plazos más largos, pero el gran problema era la debilidad de una sociedad de ingresos medios bajos y algunas veces cayendo a los niveles de abajo, (en la aguda crisis del 1990 nuestro PIB per cápita fue tan solo de unos mil dólares. El de Haití está hoy en unos 800 dólares) por las casi continuas crisis cambiarias que sesgaban la escasa capacidad de compra de la población. Si había escasa capacidad de compra también había escasa capacidad de formación de ahorro para inversión. La burguesía era incipiente y con frágil base de sustentación.
El desarrollo que han tenido los sectores productivos en nuestro país no se dio por la vía de acumulación de capital, porque el grupo de capitalistas era muy reducido tales como la familia Trujillo (cuyas empresas pasaron a manos del Estado), y otras pocas familias dominicanas que controlaban el monopolio de las escasas ramas industriales y la producción y comercialización agrícola. Lo más importante que había en términos numéricos de hombres de negocios era en el comercio mayorista, minorista y de servicios en toda la geografía del país.
Cuando el gobierno del presidente Balaguer inicia la promoción de desarrollo de los sectores productivos a través de las leyes de incentivos industrial y turístico de finales de los sesenta e inicio de los setenta, las financió con mecanismos no ortodoxos; los dólares llamados propios, que eran aquellos que generaban los escasos exportadores y que dejaban en el exterior sin entregarlos al Banco Central, por el diferencial favorable que recibían por la tasa de cambio no oficial, para que fuesen comercializados en ese mercado que era ilegal. También este mercado de dólares propios era alimentado por importadores privilegiados que recibían divisas a través del mercado oficial para realizar sus compras externas, valores que sobrevaloraban para recibir más divisas subsidiadas dejando los dólares sobrantes en el exterior. Entonces mediante este mecanismo de los dólares propios, se les permitió que los ingresaran y cambiaran a la tasa favorable de este mercado no oficial, buscando promover la atracción de capital de nacionales para apoyar la creación de empresas y convertir comerciantes en empresarios industriales. Esta fue una forma privilegiada dentro de la ilegalidad, de acumular capitales en el desarrollo de una nueva clase burguesa.
El otro instrumento se originó en el Banco Central con la creación de los Fondos de Inversiones FIDE para los sectores industriales y agropecuario, e INFRATUR para los proyectos de desarrollo de la infraestructura turística y sus servicios tales como hoteles. Estos fondos fueron la primera creación de fondos de fideicomiso cuando en el país no existía una ley que los regulara. De todas manera estaban en manos de una entidad pública, y se alimentaban de aportes por emisiones del BC dentro de su presupuesto anual, porque este tipo de emisiones estaban permitidas bajo las Leyes Monetaria y del Banco Central anteriores a las actuales. También se nutrían de financiamientos provenientes de organismos multilaterales de financiamientos, y de agencias bilaterales americanas y europeas. Entidades que confiaban en la garantía laboral y reembolsos por parte del BC, debido a la fuerte institucionalidad de que gozaba.
Sin el apoyo de estos instrumentos, aquí no hubiera habido el débil desarrollo industrial y agropecuario que hemos venido exhibiendo desde hace cincuenta años, a pesar de las mermas que han ocasionado las enormes trabas burocráticas y agudas crisis como las de los años ochentas y noventas, que se caracterizaron por sus profundas inestabilidades macroeconómicas, alejando del país los capitales de inversión privados, cuando con la crisis de la deuda externa tampoco recibíamos créditos bancarios y sólo escasos recursos financieros multilaterales y bilaterales.
Para testimoniar esta afirmación, podemos decir que ya en los años ochentas los mecanismos del Banco Central habían entrado en crisis por sus descapitalizaciones debido a las graves pérdidas que acarreaba el Banco Central por subsidiar las tasas de interés y de cambios de esos préstamos. Cuando se crearon esos instrumentos había estabilidad financiera que era un elemento fundamental para la operación efectiva de estos fondos. Esa estabilidad se fue perdiendo con los déficits públicos acumulados, y sus endeudamientos desde finales de los setentas y la década de los ochentas. Para estimular la inversión y eliminarle al inversionista el riesgo de recuperación del capital y asegurarle la viabilidad al proyecto, esos fondos les fijaban a los contratos con los intermediarios financieros que canalizaban los recursos, niveles de tasas de interés, con límites superiores fijados por la ley, que se tornaban negativas por los elevados niveles de inflación anuales de esos años, superiores al 10%, alcanzando en algunos años más del 20%. Además los préstamos aunque sus fuentes de orígenes eran en dólares, los valores de los mismos se fijaban en pesos a la tasa de cambio que existía en el momento del contrato. Las cuotas de los préstamos al vencerse se fijaban en ese contrato, pero como el BC tenía que repagar en dólares a los financiadores externos las cuotas al vencerse, si hubiera habido una devaluación entre la fecha de la firma y la del pago, el BC tenía que asumir como pérdida el faltante en pesos para completar la cuota del pago en dólares (una cuota de repago con una tasa de cambio al 15 pesos por un dólar, si subía a 17 pesos, la diferencia de los dos pesos por dólar la asumía el BC como pérdida). Por esa forma de operar debido a las limitaciones legales que enfrentaba el BC frente a la realidad que le imponía el mercado, con estos instrumentos el Banco Central fue acumulando enormes pérdidas que ya afectaban la estabilidad del sistema financiero y cambiario.
Las recurrentes crisis cambiarias y bancarias sesgaban en pocos años la reducida clase media que emergía, y por eso nuestra formación de ahorro era escasa y la disponibilidad de recursos para inversiones por igual.
La completa liberalización de los Macro precios tasas de interés y de cambio, que se logra con las reformas de los años noventas, le imprime un impulso a los sectores de exportación, zonas francas, turismo, telecomunicaciones, minería pero quedándose rezagados los sectores domésticos, industrial y agrícola por el elevado riesgo en inversión y la escasez de capital para financiarlos. Como los sectores de exportación no iban a trabajar con riesgos cambiarios, y eran sectores atractivos a la inversión extranjera, estos han sido los primeros en volar y sostener el crecimiento del 5% promedio de los últimos 25 años, naturalmente con el aporte también de la construcción, el comercio, transporte y financiero, donde los gastos estatales han sido fundamentales para promoverlos y desarrollar capitales nativos ligados a los políticos.
En los años noventas se descubrió la existencia de un mecanismo capaz de crear ahorro de largo plazo. En los países de ingresos medios con reducido y poco profundo mercado de capital como el nuestro, no es posible lograr el desarrollo de ese ahorro a menos que sea con un mecanismo de ahorro forzado por los bajos niveles salariales y el enorme mercado informal. Y eso precisamente fue lo que generó la ley de capitalización de los fondos de pensiones privados. Estos fondos tenían como objetivo proporcionar una pensión decente al trabajador, además de desarrollar ahorros que también les permitieran a ellos utilizarlos como préstamos para financiar sus viviendas. Veíamos en ellos la solución a grandes problemas del desarrollo. Enfrentar la escasez de capital financiero para dirigirlo a crear empresas y medios de trabajos formales y justos; reducir el déficit de viviendas ya que los propios aportantes podrían utilizar esos recursos para adquirir viviendas propias y aumentar el nivel de bienestar de la población ; y otorgar pensiones dignas para la vejez, en un país donde había escasos planes de pensiones y con un quebrado sistema de seguridad social.
Cuando los intereses de las grandes corporaciones se mezclan con los intereses políticos, las cosas no resultan cómo se piensan desde un principio. En nuestro caso son; el inadecuado retorno de capital para los aportantes para obtener una pensión digna, administrados con elevados gastos, cuando la colocación de los mismos han sido tan solo dos fuentes de uso: gobierno y Banco Central, y que estos recursos no hayan sido utilizados en la formación de capital privado que redunde en mejores retornos para el aportante.
Ahora bien, ¿esto demuestra que el sistema haya fracasado? De ninguna manera. Lo que procede es que personas inteligentes y sin intereses creados, reformen lo necesario para lograr pensiones dignas con formación de recursos financieros dirigidos a financiar nuestro desarrollo, y que absurdamente no se destruya el instrumento.
Los recursos financieros formados por todos los fondos de pensiones rondan un porcentaje equivalente al 13% del PIB. Una formidable formación de ahorro. Sin embargo este mecanismo surge prácticamente al mismo tiempo en el que se produce la crisis bancaria del 2003, que ya le representa al Estado dominicano una deuda del 12% del PIB administrada por el Banco Central. La magnitud de esta deuda genera un déficit cuasi fiscal anual que ronda los Mil millones de dólares, que al gobierno no amortizar los vencimientos anuales de intereses y capitales, se van acumulando y ya se eleva esa deuda a ese 12% del PIB.
No existe en el territorio nacional un mecanismo financiero que absorba la recompra y reventa del capital que vence y de sus intereses anuales de los certificados del BC, con la excepción de los recursos de ahorros generados por estos fondos. Sin este mecanismo, esa deuda se hubiera tenido que monetizar anualmente, lo que generaría elevados niveles en exceso de dinero circulante, con sus secuelas negativas sobre la inflación, el valor del peso y las tasas de interés, generando elevados niveles de déficits en las cuentas corrientes de la balanza de pagos. Lo que hubiera provocado que hoy el endeudamiento externo superara el 100% del PIB, y nuestra capacidad potencial de crecer fuese mucho más reducida, posiblemente a la mitad de la tasa exhibida por el PIB anual. El gobierno dominicano ha sido el otro beneficiario de financiar sus déficits anuales con estos recursos mediante la colocación de bonos. De ocurrírsele a los inteligentes señores legisladores eliminar este mecanismo, el presagio del Señor Presidente en la Cumbre Iberoamericana será una realidad muy pronto en nuestro país. En los países mayores, los mercados de capitales son profundos y los bancos centrales financian sus gobiernos con emisiones, y cuentan con bancos privados bien capitalizados y con mercados en la actualidad inundados de recursos. Mientras que, donde esos capitales, al excluir los fondos, se harían escasos seria aquí, para provocar la crisis financiera advertida por el Presidente.
Mi último consejo sobre el tema de la deuda, es que el financiamiento público y su búsqueda de cierre de la brecha fiscal por parte del gobierno, exceptuando la reforma fiscal convocada para el próximo octubre, sea gestionada a través de los organismos multilaterales, logrando que la propuesta del G7 de emitir 650 mil millones de DEG del FMI el próximo junio por una sola vez, sea expandida a distribuciones anuales entre los países miembros por 4 años sucesivos, de 650 mil millones de DEG. De esa forma no solo serían los Países Menos Desarrollados (PMA) los beneficiarios de esa propuesta para reducir deudas sino también los países de ingreso medio.
