Houston.- Llegan con tantas historias dramáticas a sus espaldas, que Luisa y Mark Zwick, fundadores de la casa del inmigrante Casa Juan Diego, han escrito un libro y llenan un periódico con testimonios de los que han conseguido llegar a Houston (EEUU) para iniciar una vida en la clandestinidad.
“Llegan prácticamente sin nada. Les damos cobijo, comida y ayuda médica”, explica Luisa, que junto con su marido lleva 25 años gestionando uno de los centros de apoyo al migrante más importantes y con más historia de Estados Unidos.
Luisa Zwick es una de las voces que atribuye estas tragedias a la falta de una reforma migratoria que saque a once millones de indocumentados de las sombras y establezca un sistema de acogida y empleo de extranjeros que evite una odisea en la que cientos, probablemente miles de latinoamericanos, pierden la vida anualmente.
“Además del desacuerdo en materia migratoria en Washington, tenemos ahora políticos que hablan tan mal de los inmigrantes, como si todos fueran delincuentes”, lamenta Zwick, que fundó este albergue en 1980 para acoger a los refugiados de las guerras civiles en Centroamérica y, desde entonces, no paran de recibir emigrantes.
“Tenemos la esperanza que ahora cuando venga el papa (Francisco a EEUU a finales de este mes) hable a favor de los inmigrantes y que cambie este odio tan fuerte”, añade Zwick.
La inmigración a Estados Unidos de los a veces llamados “ilegales” es cuestión de papeles y burocracia desde el comienzo hasta el fin.
Están los cubanos -que desde hace un par de años comenzaron a arribar en grandes números a Casa Juan Diego-, que tienen como mayor desafío llegar y sobrevivir en México, ya que una vez en la frontera con EEUU solo tienen que cruzar a pie para acogerse a la ley de ajuste cubano.
Están los mexicanos, para quienes cruzar, ser deportados y volver a cruzar, es algo rutinario.
Y también están los centroamericanos, que huyen de la miseria, la falta de oportunidades y la violencia y para los que pedir asilo por miedo a ser asesinados en su país es una carta de acceso al “sueño americano”.
A Samir Nuñez, un hondureño que espera a cruzar el Río Grande en Reynosa (México), eso le hace gracia. “Tienes que demostrar que has denunciado ser víctima de la violencia, con recortes de periódico. En mi país a quien denuncia lo matan al día siguiente”, dice, socarrón.
“Hay muy pocas manzanas podridas y otras muchas sanas. No deberían venir todas en la misma cesta”, explica el ayudante de Sheriff del condado de Brooks, Urbino “Benny” Martínez, haciendo un paralelismo entre los que hacen el camino desde México hasta Houston, la mayoría de los cuales “solo buscan trabajar”.
Pero tanto traficantes de personas o drogas como inmigrantes indocumentados son obligados a seguir rutas clandestinas o exponerse a la muerte sometiéndose a la voluntad de las mafias, cruzando el río Grande (Bravo, en México) o desiertos inhóspitos.
Martínez es un hombre curtido en las patrullas en el desierto que rodea el puesto de control migratorio de Falfurrias, más de 100 kilómetros al norte de la frontera.
Y lo que le molesta es que la falta de un canal más seguro para llegar a Estados Unidos, algo que solucionaría una reforma migratoria, les tenga a él y a su departamento levantando cadáveres venidos de miles de kilómetros más al sur.
“La gente no debería estar muriendo ahí fuera independientemente de tu postura sobre la política migratoria, especialmente cuando hay niños”, señala Eddie Canales, fundador del Centro de Derechos Humanos, que ha colocado fuentes de agua para evitar muertes y trabaja para que se identifiquen los cadáveres.
Los alcaldes de localidades fronterizas con Texas indican a Efe que la certidumbre que aporta una reforma migratoria, que se resiste por la oposición republicana y se hace más complicadas con propuestas como la construcción de un muro, serviría para eliminar un ingreso para los carteles y mejoraría la seguridad.
Eso se traduciría en un norte de México más próspero y más dispuesto a gastar al otro lado de la frontera, algo que aporta alrededor de la mitad de sus ingresos por impuestos al consumo.
La reforma migratoria, que un grupo de senadores republicanos y demócratas comenzaron en 2013, no ha conseguido avanzar en un Congreso dividido, lo que ha obligado al presidente estadounidense, Barack Obama, a firmar decretos para proteger a ciertos grupos amenazados por la deportación, especialmente aquellos niños que crecieron y se educaron en Estados Unidos. EFE/Jairo Mejía
