Un par de meses atrás les comenté sobre qué era el impuesto mínimo global, sus ventajas y desventajas, y cómo iba a impactar a las economías de los grandes países líderes del mundo, siendo este una de las mayores reformas fiscales de las últimas décadas.
El pasado 5 de junio, los ministros de finanzas del G7, es decir, los siete países cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a escala global (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), llegaron a un acuerdo de gravar los beneficios de las multinacionales con una cantidad mínima, pero que será la misma para todos de al menos un 15%.
Este acuerdo que ya se firmó, deberá de ser aprobado en el G20 (los 20 países que reúnen el 66 % de la población mundial y el 85 % del producto bruto mundial) del mes en curso y luego negociado de una manera más extensa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes estiman que se podría generar entre US$50,000 millones y US$80,000 millones en impuestos fiscales adicionales al año por concepto de la tributación mínima global, partiendo del estudio de la misma OCDE en donde se toma en cuenta 139 países, de los cuales se está dejando de percibir US$ 240 billones por evasión de impuestos en compañías multinacionales.
Se prevén crecientes déficits fiscales como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia en el mundo en general y en América Latina en particular, suena promisorio, porque una mayor contribución de las empresas a las arcas de los estados supondría un alivio en estos momentos de dificultades económicas.
Jaime Vargas, director de EY Consulting y líder del Latin American Business Center, dice que “la existencia de este impuesto mínimo global puede frenar la carrera fiscal entre países y permitir que las naciones latinoamericanas compitan por inversiones sin tener que sacrificar los ingresos fiscales”, pero en mi opinión no es tan certera esta declaración, ya que Latinoamérica no alberga la sede de ninguna de las multinacionales más grandes del mundo, por eso, no está claro cómo se beneficiaría de las recaudaciones adicionales. Y es que aparte de Brasil, México y algunas compañías petroleras y aerolíneas basadas en otras naciones, América Latina y el Caribe no es sede de muchas empresas multinacionales.
La firma del tratado en el G7 es un gran paso, pero no suficiente, ya que las ganancias por concepto de la tributación de esta medida deberían ser repartidos de una forma justa, porque con el plan actual, la mayor parte de los beneficios van a parar a los países más ricos, es decir, si una multinacional de Estados Unidos mueve sus beneficios desde Panamá a las Islas Caimán y se decide que esos beneficios tienen que ser gravados al 15%, ese dinero debería ir a Panamá, no a Estados Unidos.
Actualmente, muchas Organizaciones no gubernamentales (ONG) claman por sistemas fiscales “más justos” y coinciden en que este impuesto mínimo global beneficia a las naciones más ricas en detrimento de las más pobres.
Grazielle David, coordinadora global del Cabildeo y Campañas de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), expresa que las decisiones sobre la reforma fiscal internacional deben tomarse en la ONU, a través de un proceso verdaderamente inclusivo en el que todos los países tengan derecho a voto, ya que esta decisión no puede ser tomada por clubes de países ricos.
Lo cierto es que el impuesto mínimo global como ya he mencionado en varias ocasiones es necesario para evitar países fiscales, como así lo persiguen quienes apoyan la iniciativa, pero, para avanzar en una propuesta como esta es necesario que tanto los gobiernos de los países ricos como de los países en desarrollo lleguen a un acuerdo.
