La implementación del impuesto mínimo global corporativo, conocido como Pillar Two, está cambiando silenciosamente las reglas de la competencia fiscal internacional. Para países que utilizan incentivos tributarios como herramienta de atracción de inversión, el impacto será estructural y no meramente técnico. República Dominicana no es la excepción.
El principio central de Pillar Two es simple: los grandes grupos multinacionales deben pagar, como mínimo, una tasa de 15% sobre sus utilidades, independientemente de dónde operen. Si un país ofrece incentivos que reducen la carga fiscal por debajo de ese umbral, la diferencia puede ser cobrada por la jurisdicción matriz. El incentivo local deja de beneficiar al inversionista y pasa a beneficiar al fisco extranjero.
Este cambio tiene implicaciones profundas para regímenes como las zonas francas y otros esquemas de exenciones. Aunque los incentivos siguen vigentes en la legislación dominicana, su efectividad económica se reduce para empresas sujetas al mínimo global. El país puede seguir ofreciendo incentivos fiscales, sin que ello necesariamente mejore su competitividad relativa frente a otros destinos.
Esto obliga a repensar el concepto mismo de política de atracción de inversiones. Ya no basta con ofrecer ventajas fiscales. La competencia ahora se traslada hacia infraestructura, capital humano, seguridad jurídica, logística y estabilidad regulatoria.
Para nuestro país, esto abre una ventana de oportunidad, pero también un riesgo. La oportunidad está en reposicionar su oferta hacia factores reales de productividad y eficiencia. El riesgo está en mantener esquemas costosos de gasto tributario que ya no generan el retorno de inversión adicional.
Desde el punto de vista legal, el desafío es doble. Por un lado, se requiere revisar si los incentivos actuales deben adaptarse para no ser fiscalmente ineficientes bajo Pillar Two. Por otro, es necesario asegurar que cualquier rediseño cumpla con compromisos internacionales y preserve la seguridad jurídica de inversiones existentes.
El debate no debe centrarse en eliminar incentivos de forma abrupta, sino en transformarlos. Incentivos vinculados a capacitación laboral, transferencia tecnológica, encadenamientos productivos o infraestructura pueden generar valor económico sin depender exclusivamente de la tasa impositiva. El enfoque pasa de “cuánto dejo de cobrar” a “qué obtengo a cambio”.
También es un momento clave para fortalecer la coordinación entre política fiscal y política industrial. Atraer inversiones de alto valor agregado implica alinear educación técnica, logística, energía y regulación laboral.
Para 2026, el reto será diseñar una política de inversión compatible con el nuevo orden tributario internacional. La atracción de inversión ya no se juega en el código tributario, sino en la el entorno económico e institucional.
El impuesto mínimo global no elimina la competencia entre países, pero sí cambia sus reglas. República Dominicana tiene la oportunidad de adaptarse temprano y convertir este cambio en una ventaja. Hacerlo dependerá de si el país decide pasar de una estrategia basada en exenciones a una basada en productividad y confianza.
