El 14 de septiembre de este año, el presidente Luis Abinader dictó el decreto 576-21 a través del cual crea una comisión consultiva con una única misión: revisar y redactar un anteproyecto de modificación a la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. Esta legislación, de hecho, ya fue modificada por la Ley 195-19 en aspectos puntuales. El objetivo ahora apunta a ser una revisión más profunda.
El Poder Ejecutivo, a través del instrumento jurídico, establece que la figura del fideicomiso es un instrumento financiero fundamental para la economía dominicana, ya que fortalece todo tipo de negocios y promueve la creación de sociedades que ofrecen una mayor confianza y garantizan menor riesgo para las partes involucradas. De igual manera, indica que impacta otras incipientes áreas del sector económico en términos de gobiernos corporativos y la transparencia de sus situaciones fiscales y tributarias.
¿Cuáles son los integrantes de esta comisión, según el artículo 2 del decreto? Lo primero es que son 11 los miembros, a saber: Un representante del Consejo Nacional de Competitividad, quien fungirá como enlace con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo; uno del Banco Central de la República Dominicana, uno de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), uno de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), uno de la Superintendencia de Bancos, uno del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), uno de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), uno de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (Asofidom), uno de las fiduciarias del sector privado, en la persona de Lynnette Castillo Polanco; un representante de las fiduciarias del sector público, en la persona de Vander Horst Álvarez y, por último, Fernando Langa Ferreira, quien tiene tres funciones: asesor legal, financiero y fiduciario.
En la comisión no están las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP), a pesar de que son las entidades financieras que mayor conocimiento tienen del mercado inmobiliario y que más participan en el financiamiento de proyectos de vivienda de bajo costo, que es justamente uno de los segmentos que busca impulsar la legislación.
Tampoco forma parte de la comisión la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), a través de la cual se trabajan aspectos del fideicomiso vinculados a oferta pública de valores y productos.
La Ley 189-11 establece, en el párrafo IV, del artículo 25, que en el caso de que el uso del fideicomiso este asociado a actividades vinculadas a oferta pública de valores y productos, la supervisión estará a cargo de la Superintendencia de Valores.
La omisión o exclusión de estas dos entidades del Estado sucede a pesar de que el decreto señala que para “la modernización del marco jurídico del fideicomiso resulta necesario crear una comisión consultiva conformada por juristas y especialistas, de carácter honorífico e interinstitucional, que sopea la viabilidad de reformar el marco jurídico vigente respecto a los fideicomisos en República Dominicana”.
Destaca que conforme al dinamismo económico que exhibe el país se requiere viabilizar el impulso y desarrollo de la bancarización en sus sectores y representantes económicos como método para consolidar un sistema financiero efectivo y confiable, mediante estructuras y garantías novedosas como el fideicomiso.
