Tenemos mucho tiempo cacareando la necesidad de una reforma fiscal profunda, integral e inclusiva en República Dominicana, todo para que el Estado tenga mayor capacidad de responder a sus ciudadanos con mejores servicios públicos. Hay una verdad irrefutable en todo este proceso: hemos perdido mucho tiempo en el bla.., bla…, bla… Sin rodeos sería bueno que nos sinceremos respecto a este tema. Ya está bueno de amagar y no dar. Los sacrificados no siempre pueden ser los mismos.
O todos toros, o todos vacas, dice el refrán. Saber cuál es la reforma fiscal que nos merecemos depende no sólo identificar cuál es el hoyo o déficit con que carga el Gobierno todos los años. Esta información no es suficiente. Un déficit de 3% del producto interno bruto (PIB), como está estimado para el año próximo, sólo nos ofrece una idea de lo que debemos hacer, no de lo que necesitamos ahora.
Si bien las economías operan con déficit, porque así funciona el desarrollo, no menos cierto es que es una obligación de quienes gobiernan justificarlo con inversiones con un retorno positivo. Puentes, carreteras, escuelas, hospitales, hidroeléctricas, líneas de transmisión eléctrica, sistemas de transporte masivo de pasajeros, puertos, aeropuertos y otras obras de infraestructuras están entre las cosas que justifican la deuda pública para cubrir un déficit. Endeudarse sin un propósito claro y productivo no tiene justificación válida desde el punto de visto financiero. Para garantizar un Estado paternalista y ofrecer subsidios medalaganarios, exoneraciones innecesarias y empleos improductivos, así como para garantizar un sistema de partidos corrompido desde la A hasta la Z, para esto no; jamás podría ser legítimo que se acuda a la emisión de deuda.
La reforma fiscal tiene que ser, por obligación, profunda, integral e inclusiva. Sin embargo, hay que tener cuidado con la conjugación de estas tres características para favorecer sólo a una parte de la economía, colocando la carga más pesada sobre aquellos sectores que históricamente han vivido bajo la presión impositiva que les impide desarrollarse, pues su tarea ha sido sólo sobrevivir al día a día.
Ya es hora de que las autoridades del Gobierno socialicen la propuesta que se está discutiendo de manera integral. Es tiempo de saber cuáles áreas serán tocadas con nuevos impuestos. Es justo que sepamos si habrá una revisión de las tasas especiales que reciben algunos sectores que quizá no han podido justificar para qué reciben un tratamiento impositivo especial de parte del Estado.
Creo oportuno revisar las exenciones a los concesionarios de puertos, carreteras, aeropuertos; a las empresas que operan en la frontera, a los que reciben combustible exonerado, pero también todas las empresas que operan bajo algún régimen especial. Quizá sería saludable mirar hacia la renta de algunas empresas y, por qué no, fiscalizar más estrechamente las operaciones de los sectores que históricamente operan en escenarios grises u opacos con miras a saber si realmente tributan con sinceridad. Pero también están los legisladores, partidos políticos, profesionales independientes y los cientos de miles de negocios que operan en la informalidad como puntos de referencia. En fin…
